Una reunión para evaluar la situación actual del país y el anuncio de un cierre total, anunciado por diferentes sindicatos, gremios docentes y organizaciones indígenas y campesinas que exigen la cancelación del contrato, dijo el mediador, Eduardo Leblanc González junto al representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para Centroamérica y el Caribe, Alberto Brunori. Durante este encuentro se evaluó el impacto que han experimentado los habitantes del país en las últimas semanas en términos del disfrute de sus derechos humanos, particularmente en términos del derecho a la vida e integridad física, acceso a la salud, seguridad alimentaria, acceso al trabajo. . y educación, libertad de prensa, libre circulación, propiedad privada y derecho a la protesta pacífica. El mediador recordó que el derecho a manifestarse debe ejercerse de manera pacífica, sin mensajes de odio, de manera consciente, responsable, sin infringir derechos de terceros y con respeto al derecho a la propiedad pública y privada. Descubra otras noticias interesantes: Día a día Panamá Por su parte, Alberto Brunori destacó la importancia de que las autoridades estatales garanticen plenamente el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, al tiempo que llamó a los manifestantes a abstenerse de recurrir a la violencia y adoptar medidas para respetar los derechos humanos. , incluidos los derechos a la salud, a la alimentación y a la libre circulación, en particular, de las personas en situación de vulnerabilidad, así como la libre circulación de ambulancias, vehículos de transporte de bomberos y otros vehículos que presten atención de urgencia. Durante este encuentro, ambas instituciones señalaron que, a casi cuatro semanas de la intensificación de las protestas contra la minería en el país, hay varias denuncias de inconstitucionalidad a la espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, y diversas peticiones de los sectores movilizados. También hay impactos en la educación, la salud, las actividades económicas y, en general, en la vida de las personas, especialmente de aquellas que ya sufren las desigualdades y brechas existentes en el ejercicio de sus derechos. En este contexto, las dos instituciones llaman al Estado a garantizar plenamente el derecho a la protesta pacífica y a la sociedad manifestante a respetar la independencia de la justicia y a abstenerse de recurrir a la violencia en sus manifestaciones de protesta. Es necesario que todos los actores de la sociedad mantengan su deseo de definir los pasos futuros de la manera más participativa e informada posible, y de mantener los derechos humanos de todos en el centro de la agenda.
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2 de diciembre de 2023
