En el marco del complejo panorama político actual, una serie de impugnaciones ha surgido en torno a los candidatos electos durante el reciente proceso electoral. Estas disputas plantean un desafío crítico para el Tribunal Electoral, dado que podrían tener un impacto directo en la configuración futura de la Asamblea Nacional.
Alejandro Pérez, candidato a diputado por el partido Realizando Metas (RM), ha iniciado el proceso al solicitar la nulidad de la elección y proclamación de los diputados elegidos en el circuito 8-4, donde cinco representantes fueron elegidos.
Asimismo, la diputada del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, ha anunciado su intención de impugnar los resultados electorales en el circuito 8-2 de San Miguelito, donde siete diputados fueron seleccionados.
Ante este panorama, el Tribunal Electoral ha emitido un comunicado en el cual asegura que abordará todas las acciones legales presentadas por los actores políticos que participaron en las elecciones generales del 5 de mayo, resolviéndolas conforme a derecho y los principios del debido proceso y la igualdad de las partes.
Según la entidad, estas acciones legales pueden ser llevadas a cabo por los candidatos o partidos afectados, así como por el fiscal administrativo electoral, conforme al artículo 464 del Código Electoral.
En una instancia adicional, la Fiscalía Electoral ha impugnado la elección de Alaín Cedeño como diputado en el circuito 8-6, argumentando que excedió el tope de gastos permitidos para dicho cargo, establecido en $300 mil.
Para el diputado independiente Juan Diego Vásquez, el derecho a impugnar una elección es legítimo siempre y cuando se respalden con pruebas sustanciales. Sin embargo, enfatiza que nunca debe permitirse que estos procesos vulneren la voluntad popular ni afecten la instalación de la Asamblea.
Además, Vásquez hace un llamado al Tribunal Electoral para que otorgue celeridad a estos procesos, reconociendo la importancia de resolver las disputas con prontitud y transparencia.
