
Un revelador informe de la Junta Técnica Actuarial, fechado el 31 de mayo, entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), expone la crítica situación del subsistema de beneficio definido de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El reporte, al que tuvimos acceso, subraya que «el tiempo se ha agotado y no se puede dilatar la toma de decisiones para el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Postergar la decisión tendrá graves consecuencias económicas, políticas y sociales para el país.»
Este informe se basa en los estados financieros de 2021, aunque se elaboró en 2024 debido a la falta de uno de los tres actuarios necesarios para conformar la junta. El 12 de enero, el presidente saliente Laurentino Cortizo nombró a Lineth Rodríguez como actuaria, con un mandato hasta 2029. Con la junta actuarial completa, se procedió a la realización del reporte.
El equipo económico del presidente electo José Raúl Mulino ya debería tener este informe, tras su reunión el 4 de junio con el ministro Héctor Alexander. La crisis de las pensiones es uno de los grandes retos para el gobierno de Mulino, una herencia no resuelta por los últimos tres gobiernos: Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo.
El propósito del informe actuarial es alertar tanto a la directiva de la CSS como al gobierno central sobre la situación financiera de las pensiones. La crisis se agrava cada año, y tanto el reporte actual, basado en datos de 2021, como los análisis actuariales de 2018, 2019 y 2020, muestran la «fragilidad financiera» del subsistema.
La magnitud de la crisis se revela en las conclusiones de los actuarios Luis Pimentel, Eduardo Rodríguez y Lineth Rodríguez, quienes indican que el déficit financiero es tan grande que su magnitud no puede ser comprendida sin tomar medidas correctivas. «Después de 10 años, vemos que el déficit crece rápidamente, pasando de $2,511 millones por año a más de $5,617 millones anuales en 2049,» señalan.
La Junta Técnica Actuarial y el Departamento Actuarial de la CSS coinciden en la conclusión principal del informe: las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso se agotaron entre el último trimestre de 2023 e inicios de 2024. El agotamiento de las reservas marca el momento más crítico para la CSS. Con el aumento anual de los pagos a los jubilados y la insuficiencia de los ingresos de la cuota obrero-patronal, se han utilizado las reservas o ahorros para pagar las pensiones.
El fideicomiso, parte de las reservas del IVM, fue constituido por los aportes del Estado a lo largo del tiempo, destinado a cubrir la falta de ingresos corrientes en el programa que paga las pensiones. Funciona como una cuenta bancaria de la que se retira dinero cuando los gastos superan los ingresos. Para realizar estos retiros, la CSS debe demostrar los déficits del programa en sus estados financieros, permitiendo al Banco Nacional de Panamá (BNP) autorizar la transferencia de fondos al IVM.
Debido a la falta de presentación oportuna de los estados financieros, se han utilizado las reservas internas o los ahorros generados en el pasado para cubrir la falta de ingresos mientras se efectúa la transferencia del fideicomiso. El informe actuarial precisa que los aportes relevantes del fideicomiso para el IVM en 2023 fueron $517 millones, correspondientes a los desembolsos de 2020; en 2024, $464 millones, de los reembolsos de 2021; y en 2025, $1,022 millones, de los reembolsos de 2022 y 2023.
Con estos desembolsos, el fideicomiso se agotará. A partir de 2026, solo se recibirán los aportes del Estado y los intereses generados durante el año, según los actuarios.
Este panorama lleva a cuestionar cómo, a la fecha de emisión de este reporte, el subsistema continúa pagando las pensiones si los fondos legales ya deberían haberse agotado, advirtieron los actuarios al MEF y a la directiva de la CSS.