Desmantelan Red de Trata de Personas
La lacra del delito de trata de personas ha trascendido las fronteras panameñas hasta llegar a un país europeo, donde recientemente fueron rescatadas dos jóvenes panameñas, de 19 y 20 años, víctimas de explotación sexual.
Este caso, que involucra a presuntos ciudadanos nacionales, se mantiene en reserva a nivel de las autoridades panameñas, que han confirmado el rescate sin ofrecer detalles específicos debido al proceso de investigación en curso. La directora de la Oficina contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, Dayra Campos, ha corroborado el caso, destacando que este año se han realizado cuatro operaciones que resultaron en el rescate de 41 víctimas de trata, incluyendo 7 menores de edad, y la detención de 18 presuntos tratantes.
La operación más reciente, denominada «Rufián», condujo al rescate de 14 mujeres de diferentes nacionalidades, entre ellas colombianas, nicaragüenses y salvadoreñas, todas víctimas de explotación sexual. Cuatro de estas mujeres fueron liberadas durante allanamientos en las provincias de Coclé y Chiriquí, donde se detuvieron a cinco personas, cuatro panameños y una colombiana, bajo cargos de trata de personas.
Dayra Campos destacó la complejidad de la delincuencia organizada, que selecciona cuidadosamente a sus víctimas, muchas de las cuales han experimentado problemas familiares, falta de amor y abuso sexual. La directora advirtió sobre la captación de víctimas a través de las redes sociales, donde los tratantes utilizan oportunidades laborales falsas o relaciones sentimentales para ganarse la confianza de las personas, especialmente menores de edad.
Uno de los desafíos principales en la lucha contra la trata de personas es la reticencia de las víctimas a denunciar a sus explotadores, a menudo percibidos como protectores. Dayra Campos subrayó la importancia de la participación activa de los padres y de la educación para prevenir estos delitos.
En cuanto a las penas por trata de personas, Campos mencionó modificaciones propuestas a la Ley 79, que busca aumentar las sanciones y clasificar algunos delitos sexuales como delitos de trata de personas. La legislación actual contempla penas de 15 a 30 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual, agravándose a 20 a 30 años cuando se realiza mediante engaño
