El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, tomó acción este jueves al promulgar una nueva normativa destinada a elevar los criterios para la solicitud de asilo en la frontera sur.
Esta regla, tras pasar por una fase de revisión, instruirá a los agentes de inmigración a negar la posibilidad de presentar una solicitud de asilo a aquellas personas consideradas un «riesgo para la seguridad pública o nacional». Esto implicará su no admisión en el país.
Si bien estos filtros ya se aplican en el proceso de estudio de casos de asilo, esta medida permitirá su utilización durante las entrevistas de «miedo creíble», etapa en la cual se determina si un individuo cumple o no con los requisitos para solicitar protección tras cruzar la frontera desde México.
Según funcionarios del Ejecutivo, estos nuevos estándares afectarán solo a una minoría de personas, específicamente a aquellas con antecedentes criminales graves o vinculadas a actividades delictivas. Esto representa un porcentaje reducido de todas las personas detenidas a diario en la frontera sur.
Las personas a las que se les niega la oportunidad de solicitar asilo serán inmediatamente expulsadas a México o ingresarán a un proceso formal de deportación, dependiendo de su nacionalidad.
Este cambio normativo se produce en un año electoral en el que la inmigración figura como uno de los temas centrales. El expresidente y actual candidato republicano a la presidencia, Donald Trump (2017-2021), ha adoptado una retórica antiinmigrante y critica a Biden por lo que considera una «crisis» en la frontera.
No es la primera vez que la Casa Blanca introduce modificaciones en las regulaciones de asilo con el fin de limitar la llegada de personas a la frontera sur.
Hace aproximadamente un año, el Gobierno demócrata implementó una serie de cambios que excluyen a los migrantes que crucen la frontera de manera irregular y no hayan solicitado protección en un tercer país durante su travesía hacia Estados Unidos.
Aunque el número de detenciones en la frontera ha disminuido considerablemente durante los primeros meses de este año, en 2023 Estados Unidos registró un récord de más de 2.3 millones de arrestos de migrantes.
El contexto global de un aumento histórico en el número de desplazados en el continente, junto con la presión de la oposición y el ala moderada de su partido, ha llevado a Biden a abandonar sus promesas de campaña de «restaurar» el sistema de asilo.
En cambio, la Administración demócrata ha mantenido políticas restrictivas heredadas del Gobierno anterior, como el llamado Título 42, que permite las deportaciones rápidas, y ha ampliado o reemplazado estas políticas con nuevas normas que buscan limitar la cantidad de personas que pueden solicitar asilo en la frontera sur.
Como contrapartida, la Casa Blanca ha impulsado programas de «vías legales humanitarias» para ciudadanos de ciertas nacionalidades (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), lo que ha facilitado la entrada de más de 400,000 personas a Estados Unidos.
