Este martes, diversas organizaciones feministas alzaron su voz para denunciar un «deterioro» en la atención de salud dirigida a las mujeres encarceladas en El Salvador, en el contexto del régimen de excepción implementado por el gobierno de Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas.
En una rueda de prensa, Alejandra Burgos, coordinadora de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, expresó su preocupación por el estado de salud de las mujeres privadas de libertad, muchas de ellas en estado de embarazo. Burgos señaló que estas mujeres no han recibido la atención en salud necesaria, destacando una carencia especialmente marcada en servicios de ginecología y obstetricia debido a la escasez de profesionales médicos.
La ofensiva antipandillas liderada por Bukele desde marzo de 2022, bajo un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial, ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Estas medidas se tomaron en respuesta a una escalada de violencia con 87 homicidios en un fin de semana. Sin embargo, según las organizaciones feministas, estas acciones no justifican la violación de los derechos humanos de las mujeres, ni la negación de servicios de salud debido a la privación de libertad.
Esteban Madrigal, abogado del Centro de Derechos Reproductivos, subrayó que ninguna política de seguridad debe suponer una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Roxana Rodríguez, representante de la Asamblea Feminista, añadió que las mujeres encarceladas enfrentan dificultades para acceder a controles prenatales, tratamientos para complicaciones relacionadas con el embarazo y atención en salud mental.
A pesar de la estrategia antipandillas que ha resultado en el arresto de más de 80,000 presuntos miembros de pandillas, grupos de derechos humanos señalan la posibilidad de que miles de inocentes hayan sido detenidos injustamente. Estos grupos advierten sobre la perpetuación de una «crisis» de derechos humanos en el país.
El gobierno reporta la liberación de más de 7,600 personas desde el inicio de la ofensiva, aunque la situación de los derechos humanos y la atención de salud de las mujeres encarceladas continúa siendo motivo de preocupación y debate en El Salvador.
