La investigación sobre peculado, relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de fondos públicos en 11 juntas comunales de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, enfrenta un estancamiento prolongado de un año y tres meses.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aún no ha resuelto un recurso de casación interpuesto contra la decisión del liquidado Juzgado Quinto Penal, el cual rechazó la prescripción del caso. Además, otro recurso pendiente es un amparo de garantías constitucionales presentado para desestimar el proceso.
Según informes del Ministerio Público, debido a estos recursos legales, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga ha suspendido todas las diligencias relacionadas con el caso, incluyendo 49 órdenes de indagatorias a diversos implicados en el asunto. Desde febrero del 2023, el expediente original fue remitido al Órgano Judicial para que resuelva tanto el amparo como el recurso de casación.
La complejidad de la investigación fue declarada por la Corte Suprema de Justicia en un fallo emitido el 5 de julio del 2022. Esta pesquisa sigue el rastro de supuestas irregularidades que podrían haber causado un perjuicio al Estado por un monto de $3 millones 330 mil, durante el período comprendido entre 2009 y 2014. La fiscalía fue otorgada una extensión de un año para continuar con las investigaciones debido al estatus de causa compleja.
Sin embargo, tras el retorno del expediente al juzgado, se presentó un amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, lo que obligó a la fiscalía a enviar nuevamente el expediente a dicha instancia judicial y a detener todas las diligencias relacionadas con el caso.
A lo largo de 2023, la fiscalía solicitó en dos ocasiones la reactivación del caso, pero estas solicitudes fueron denegadas debido a la falta de resolución tanto del amparo como del recurso de casación.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, señaló que el proceso de resolución de recursos de este tipo depende principalmente del magistrado ponente, cuya eficacia puede variar.
Detalles de la Investigación y Antecedentes
La investigación se inició en 2014 tras una serie de reportajes periodísticos, pero fue suspendida temporalmente debido a la ausencia de una auditoría. En 2018, el entonces contralor Federico Humbert entregó al Ministerio Público 223 cajas con los resultados de varias auditorías.
Estas auditorías revelaron graves irregularidades en la gestión de fondos asignados a diputados de diversos partidos políticos, incluyendo facturas falsas y la falta de documentos que justificaran transacciones por millones de dólares.
El Juzgado Quinto Penal, ahora liquidado, decidió tramitar únicamente los casos relacionados con las juntas comunales dentro del Primer Circuito Judicial, es decir, las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Según un informe del Ministerio Público, en las 11 juntas comunales investigadas en Panamá y Panamá Oeste, la lesión patrimonial asciende a $3.3 millones, pero a nivel nacional, la lesión se calcula en $25.1 millones.
El Regreso del Escándalo: La Descentralización Paralela
El escándalo de la descentralización paralela ha vuelto a poner en el centro de atención la relación entre las juntas comunales y los diputados. El gobierno de Laurentino Cortizo, que ha visto pasar dos directores al frente de la Autoridad Nacional de Descentralización, desafió la Ley 37 de 2009 al aumentar los presupuestos de los gobiernos locales afines al partido oficialista y a otros diputados aliados.
Entre junio de 2021 y mayo de 2023, se distribuyeron $242.9 millones, y entre mayo y junio de 2023, se desembolsaron otros $18 millones, alimentando la controversia en torno a la gestión de fondos públicos y la descentralización gubernamental.
