El Legado de Aupsa en Panamá
En el complejo entramado de regulaciones y políticas agrícolas en Panamá, la desaparición de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa) en marzo de 2021 marcó un punto de inflexión. Sin embargo, lejos de desvanecerse en el olvido, su legado persiste, planteando desafíos y controversias para los productores y las autoridades gubernamentales. A través de la transformación en la Agencia Panameña de Alimentos (APA), el debate sobre los requisitos fito y zoosanitarios continúa siendo una cuestión candente en el panorama agrícola panameño.
Desde su derogación, la transición de Aupsa a APA ha sido objeto de críticas y cuestionamientos por parte de los productores, quienes argumentan que la nueva entidad no ha logrado establecerse plenamente ni contar con los recursos necesarios para operar eficazmente. Augusto Jiménez, representante de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (Acpta), ha expresado su preocupación por la presunta violación de la ley por parte de las autoridades gubernamentales al mantener los requisitos fitosanitarios de Aupsa, una entidad que ya no existe legalmente.
El director nacional de Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Pablo Rodríguez, ha defendido el proceso de actualización de los requisitos fitosanitarios de importación, subrayando la necesidad de consultas nacionales e internacionales para garantizar la transparencia y la eficacia en el sistema. Sin embargo, las críticas persisten, y los productores exigen una acción más contundente por parte de las autoridades para cumplir con la ley y proteger el estatus fito y zoosanitario del país.
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La creación del Consejo de Seguimiento y Cumplimiento de la Ley 352, también conocida como la ley del «Pade…spués», ha generado expectativas entre los productores, quienes ven en este organismo una oportunidad para supervisar y garantizar el cumplimiento de las políticas agrícolas establecidas. Sin embargo, la falta de recursos y poderes judiciales efectivos plantea desafíos significativos para su funcionamiento y efectividad en la implementación de la política agroalimentaria de Estado.
En medio de estos debates y desafíos, los productores han presentado propuestas y demandas concretas a los candidatos presidenciales, instando a una mayor atención y apoyo para el sector agropecuario. Entre estas demandas se incluyen programas de capacitación, actualización de infraestructuras y equipos, así como una mayor participación y consulta con los sectores agrarios en la negociación de tratados de libre comercio y convenios internacionales.
El Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos es uno de los puntos de preocupación para los productores, quienes señalan la falta de información sobre la revisión agrícola y la desgravación arancelaria, así como la necesidad de una gestión pública más eficiente en relación con los acuerdos comerciales. Estos temas, junto con la calidad e inocuidad de los alimentos importados, son aspectos cruciales que requieren una atención inmediata y una acción coordinada por parte de las autoridades gubernamentales.
A pesar de los desafíos y las controversias, el sector agropecuario de Panamá ha demostrado una notable resiliencia y capacidad de adaptación. Aunque persisten las críticas y los reclamos por falta de pagos y apoyo gubernamental, algunos gremios han elogiado la gestión del presidente Cortizo con el agro, destacando avances y logros significativos en ciertas áreas.
El reciente debate agropecuario ha puesto de manifiesto las tensiones y diferencias de opinión dentro del sector, pero también ha subrayado la importancia de un diálogo constructivo y colaborativo entre los distintos actores involucrados. A medida que Panamá enfrenta los desafíos del cambio climático, la seguridad alimentaria y la globalización, la necesidad de políticas agrícolas sólidas y eficaces se vuelve cada vez más apremiante.
La historia de Aupsa en Panamá es un recordatorio de los desafíos inherentes a la regulación y supervisión de la seguridad alimentaria en un mundo en constante cambio. Aunque la entidad haya desaparecido en papel, su legado perdura en las políticas y prácticas que continúan dando forma al sector agrícola del país. La clave para superar estos desafíos radica en un compromiso renovado con la transparencia, la colaboración y el cumplimiento de la ley, garantizando así un futuro más próspero y seguro para todos los panameños.
