El presidente electo José Raúl Mulino ha propuesto un concepto innovador para la mina de Donoso: «abrir para cerrar». Este planteamiento ha generado una ola de críticas y preguntas sobre los detalles y la viabilidad del proceso.
El ministro de Comercio e Industrias, Jorge Rivera Staff, abordó esta compleja situación en una entrevista. Actualmente, la mina de cobre, operada por Minera Panamá, está cerrada y sin actividades de extracción. Rivera Staff explicó que el concepto de “abrir para cerrar”, aunque no es nuevo en el ámbito minero, podría ser una solución temporal para mitigar los altos costos de mantenimiento y asegurar la estabilidad de la mina.
Detalles Financieros del Plan
Mantener la mina en condiciones seguras para evitar riesgos físicos y químicos tiene un costo de aproximadamente 20 millones de dólares. Rivera Staff comentó que permitir la explotación limitada de minerales podría generar los ingresos necesarios para cubrir estos costos:
«El concepto de abrir para cerrar la mina sería viable. Mientras se cierra la mina, se permite la explotación de minerales hasta un límite que cubra los costos de mantenimiento y se permita vender cierto material para financiar estos gastos,» explicó.
El ministro subrayó la importancia de encontrar una solución financiera que evite que el Estado panameño tenga que asumir estos costos, algo que se busca evitar a toda costa. Este modelo, aunque nuevo en Panamá, ya ha sido aplicado en otros países con éxito.
«El concepto que se está planteando ya se ha utilizado a nivel internacional en otros casos,» sostuvo Rivera Staff.
El abogado ambientalista Harley Mitchell señaló que la idea podría estar motivada por la necesidad de financiar una gestión segura de la mina. Mitchell advirtió que «el concepto de abrir para cerrar» tiene un sentido meramente financiero y sigue representando una bomba de tiempo.
El Papel de First Quantum
Recientemente, la empresa First Quantum envió un correo al presidente electo solicitando abrir un diálogo para reabrir la mina. Mitchell enfatizó que si el sector minero quiere resurgir en Panamá, debe renunciar a cualquier privilegio o canonjía, real o aparente, otorgado por el Estado.
El entorno legal de la mina es complicado. Actualmente, hay un proceso de arbitraje comercial en marcha y aproximadamente cinco intenciones de arbitraje de inversión aún no formalizadas. Estas demandas provienen principalmente de los accionistas de la empresa, basadas en una cláusula del contrato declarado inconstitucional.
«La empresa invoca una cláusula del contrato que plantea la posibilidad de arbitrajes en caso de diferencias, aunque excluye arbitrajes en materias constitucionales,» explicó Rivera Staff.
El Plan de Cierre de la Mina
El ministro enfatizó la importancia de un cierre ordenado y científico de la mina, guiado por un panel de expertos y con la participación ciudadana. Ya se ha elaborado un borrador de decreto ejecutivo para establecer este panel, con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el sistema nacional de investigación. El proceso de cierre podría extenderse durante 8 años y costar 800 millones de dólares.
El último informe de inspección intergubernamental señaló que el concentrado de cobre debe ser trasladado fuera del sitio debido a riesgos ambientales y de seguridad. El almacenamiento prolongado podría generar complicaciones operativas y costos adicionales de tratamiento.
Mitchell advirtió que la situación del concentrado de cobre almacenado es una “bomba de tiempo” para el próximo gobierno. El material almacenado, a temperaturas que pueden alcanzar los 400°C, no solo es peligroso sino también inestable.
«Los gases son tan peligrosos que la misma empresa se ha ofrecido a trasladar los contenedores a sitios más seguros, pero el MICI se ha mantenido impávido de manera inexplicable,» señaló Mitchell.
El desafío de gestionar los costos de mantenimiento de la mina, enfrentar demandas de arbitraje y ejecutar un plan de cierre sostenible y transparente, marca un periodo crucial para Panamá. Las decisiones tomadas tendrán un impacto significativo en el futuro económico, social y ambiental del país.
