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Antai afirma la naturaleza pública de los datos sobre fondos estatales

Antai afirma la naturaleza pública de los datos sobre fondos estatales

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) de Panamá ha reiterado enfáticamente que toda información relacionada con el uso y disposición de los fondos del Estado debe considerarse de carácter público. Esta declaración surge en medio de un creciente escándalo vinculado con la asignación discrecional de auxilios económicos por parte del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), así como la falta de transparencia en la revelación de los beneficiarios.

El Ifarhu ha estado en el ojo del huracán debido a la distribución de beneficios económicos, algunos de los cuales han alcanzado sumas superiores a los 200.000 dólares. Lo que ha generado un amplio rechazo no solo se limita a la cuantía de los beneficios, sino también a la presencia de familiares de altos funcionarios y empresarios entre los beneficiarios. Además, la decisión de mantener en reserva la identidad de muchos de estos beneficiarios por parte de la Contraloría ha profundizado la controversia en torno a este asunto.

La Antai, en consonancia con su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, ha recordado que previamente emitió una recomendación para revocar una resolución de agosto de 2021 del Ifarhu. Esta resolución buscaba clasificar como «datos confidenciales» la información sobre la entrega de beneficios económicos, información que la Antai sostiene que, por su naturaleza, debe considerarse de acceso público.

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En este contexto, la Antai ha instado al Ifarhu a establecer regulaciones claras para su programa de auxilios económicos. Entre las medidas propuestas se incluye la realización de convocatorias públicas para los aspirantes, así como la obligación de rendir cuentas de forma mensual. Este informe debe contener datos sobre los beneficiarios, los montos entregados, aquellos que han completado exitosamente sus estudios, así como una lista de aquellos que han incumplido con sus obligaciones financieras, detallando las sumas recuperadas en consecuencia.

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Además, la Autoridad de Transparencia ha solicitado al Ifarhu un informe detallado sobre el estado actual de ejecución y cumplimiento de estas instrucciones. Este paso refleja el firme compromiso de la Antai con la supervisión y la garantía de que se cumplan los principios de transparencia en la gestión de fondos estatales.

El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) ha expresado su preocupación por la aparente opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos por parte de las autoridades. En particular, han señalado al contralor general de Panamá, Gerardo Solís, por su defensa de la reserva en la divulgación de los beneficiarios de los auxilios financieros. Solís ha argumentado que revelar esta información podría constituir un acto de discriminación y un intento de aprovechamiento político, especialmente en el contexto de las próximas elecciones generales.

Sin embargo, esta postura ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad civil organizada, quienes ven en el manejo de los auxilios económicos una manifestación más de favoritismo y corrupción en la administración pública. Han exigido enérgicamente que se levante la reserva sobre todos los beneficiarios, argumentando que la transparencia es fundamental para restaurar la confianza en las instituciones gubernamentales.

El contralor Solís ya enfrenta acciones legales, habiendo sido denunciado penalmente por un abogado. Además, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP) ha anunciado su intención de presentar una acusación similar, calificando el manejo de los auxilios educativos como un «hurto descarado» y denunciando la falta de transparencia en su distribución como arbitraria y caprichosa.

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En conclusión, el caso de los auxilios económicos del Ifarhu ha puesto de relieve la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los fondos estatales. La Antai, junto con otros organismos de supervisión y la sociedad civil, continúa ejerciendo presión sobre las autoridades pertinentes para garantizar que se respeten los principios fundamentales de integridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

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