El Instituto Panameño de Derecho de Consumidores (IPADECU) y la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios (UNCUREPA) han emitido una advertencia sobre una práctica persistente en algunos establecimientos, donde la propina es impuesta más que sugerida, incluso en casos donde solo debería ser opcional.
Giovani Fletcher, presidente de IPADECU, destacó que esta tendencia es más evidente en restaurantes y locales de alto nivel económico, donde la propina parece estar incluida en el precio final de manera implícita. «El comensal se ve presionado a pagarla, asumiendo que puede costearla debido al nivel del establecimiento», señaló.
Los consumidores, por su parte, reivindican su derecho a decidir si otorgan una propina, basándose en la calidad del servicio recibido. Sin embargo, Fletcher también señaló que el proceso de presentar una denuncia administrativa implica una carga para el consumidor, lo que a menudo lleva a que estas prácticas no sean denunciadas, a pesar de sentirse acosados.
Recomendaciones para los Consumidores
Fletcher enfatizó la importancia de verificar detenidamente las facturas para evitar ser sobrecargados con una propina no autorizada. Los consumidores deben negarse a aceptar imposiciones que no estén en línea con su conciencia o voluntad.
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha informado que, desde 2016, se han presentado un total de 275 denuncias relacionadas con el cobro no autorizado de propinas. Ramón Fernández, director de protección de Acodeco, explicó que la propina no puede ser totalizada en la factura, ya que esto podría interpretarse como una imposición. En cambio, los establecimientos pueden presentar el total con y sin propina, permitiendo al consumidor elegir.
Sanciones y Multas Impuestas
Durante el período comprendido entre 2016 y 2018, se registró un aumento significativo en el número de denuncias, lo que resultó en multas que superaron los $27,000 dólares.
Los consumidores deben estar alerta ante cualquier intento de imposición de propinas y deben ejercer sus derechos para garantizar una experiencia justa y transparente en los establecimientos comerciales.
