Desafío
Se desataron varios desafíos para poner a prueba la hombría durante el debate sobre el proyecto de Presupuesto General del Estado. Los diputados Benicio Robinson y Juan Diego Vásquez lideraron este enfrentamiento, que finalizo con la aprobación del proyecto en segundo debate con 50 votos a favor, 15 en contra y una abstención. El escenario se desarrolló en medio de la discusión sobre el proyecto de ley No. 1041 del Presupuesto, que asciende a $30,690.4 millones y representa el último presupuesto del gobierno del mandatario Laurentino Cortizo. Esta propuesta refleja una reducción de $2,064.1 millones en comparación con el proyecto original de $32,752 millones.
Robinson, también líder de la Comisión de Presupuesto, lanzó el primer golpe en el pleno de la Asamblea: «No nos rebajaremos a la politiquería barata que practican algunos colegas, sobre todo los de San Miguelito. Si buscas demostrar hombría, hagámoslo tú y yo, pero no la encontrarás mintiéndole al pueblo».
«Paren la demagogia y la mentira, la política no debe entrar en la discusión del presupuesto general del Estado; algunos compañeros quieren dilatar la discusión del tema, conociendo que faltan pocos días para que acabe el año», remató el también líder del PRD.
Juan Diego Vásquez respondió en sus redes: «No se atreve ni a decir mi nombre y quiere hablar de hombría. No es a él a quien debo demostrar mi hombría y, en todo caso, debería él empezar a explicar cuál es la justificación para que la Asamblea Nacional tenga cientos de millones y él ni venga a la Asamblea».
Vásquez explicó también que medio Gabinete llegó al pleno de la Asamblea para debatir apresuradamente un presupuesto porque la administración Cortizo demoró casi tres meses en atender una resolución emitida por la Asamblea el 5 de octubre para reformular el presupuesto de manera irresponsable. Además, cuestionó la asignación de solo $20 millones para el nuevo Oncológico, cuando el costo de construcción de dicho hospital asciende a cerca de $500 millones.
El enfrentamiento alcanzó su punto álgido cuando diez diputados propusieron dividir la votación del Presupuesto 2024 en partes separadas, una iniciativa respaldada por Vásquez pero rechazada por el Pleno. Robinson, en defensa de su bancada del PRD, se opuso a la propuesta. Las diputadas panameñistas Yesenia Rodríguez e Itzi Atencio, junto a Juan Diego Vásquez, respaldaron el informe de minoría.
Este informe instó al gobierno a asumir responsabilidades y realizar recortes y ajustes en lugar de presentar un presupuesto exorbitante y desconectado de la realidad para un gobierno cuya gestión culmina en junio de 2024. La oposición destacó que la deuda del país ya alcanza los $47,406 millones, con un aumento del 78% durante la administración Cortizo, equivalente a $20,674 millones.
A pesar de esto, el ministro Héctor Alexander argumentó que la deuda pública durante el gobierno de Cortizo solo creció un 56%, mientras que durante los gobiernos de Martinelli aumentó en promedio un 66% y en conjunto un 183%.
Alexander señaló que, debido a la pandemia del Covid-19, se recurrió al endeudamiento como una política anticíclica para inyectar recursos. Cerca del 57% del aumento de la deuda se debió a esto; de lo contrario, el endeudamiento solo habría experimentado un aumento del 29%, añadió. Héctor Alexander reveló que a lo largo de estos años se han eliminado subsidios por $1,000 millones.
En medio del debate, la diputada y candidata presidencial Zulay Rodríguez cuestionó los contratos del Estado para comprar combustible a Petróleos Delta, del excontralor Federico Humbert, alegando que este respalda al candidato Ricardo Lombana. Zulay también puso en tela de juicio el presupuesto destinado al Organo Judicial y al Ministerio Público, utilizados principalmente para perseguir a adversarios políticos e intentar que el candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, gane por forfeit en los comicios del 5 de mayo.
Mientras tanto, el diputado Edison Broce cuestionó a Alexander sobre la planilla estatal, a lo que este respondió que hay 258 mil funcionarios, sin incluir a los gobiernos locales, comparándolos con un «iceberg», ya que las botellas no solo existen en el sector público.
