Uno de los 35 individuos implicados en el caso Odebrecht ha sufrido un nuevo revés en la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal ratificó una decisión de la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, de rechazar un recurso presentado por el acusado para apartarlo del proceso judicial.
El uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, señalado como presunto testaferro de la empresa brasileña Odebrecht para la distribución de sobornos a funcionarios y particulares, intentó mediante un amparo de garantías constitucionales anular la indagatoria realizada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2023. Este recurso fue inicialmente presentado ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, el cual lo desestimó debido a que la defensa no entregó copias debidamente autenticadas de la orden impugnada. Sin embargo, los abogados de Mutio apelaron esta decisión ante la Corte Suprema.
El pasado 13 de mayo, bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo de Cedeño, la Corte Suprema resolvió confirmar la decisión del Primer Tribunal, desestimando así el amparo de garantías constitucionales presentado por Mutio. Esta resolución fue divulgada públicamente el miércoles 5 de junio.
En cuanto a los motivos de su imputación, la jueza Marquínez argumentó que Mutio Cerdeira actuaba como representante legal de la sociedad Sherkson Internacional, controlada por Odebrecht. Sherkson Internacional fue contratada por Active Capital Holdings para ofrecer servicios de asesoría por la suma de $488,000. Adicionalmente, Marquínez presentó la declaración de Vinicius Vega, un exdirectivo de Odebrecht, quien afirmó que Mutio Cerdeira estaba al tanto de estos movimientos financieros, aunque no era el destinatario final de los fondos.
El juicio del caso Odebrecht está programado para llevarse a cabo entre el 12 de noviembre y el 19 de diciembre próximos. La Fiscalía Anticorrupción planea presentar más de 100 pruebas testimoniales y periciales. Entre los 35 acusados que serán llevados a juicio se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), así como exfuncionarios de sus administraciones y otros particulares.
Anteriormente, el juicio estaba programado para realizarse entre el 15 de julio y el 23 de agosto de este año, pero fue reprogramado debido a la localización de dos imputados, Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, quienes se encontraban en rebeldía. Estos individuos fueron finalmente ubicados en Perú mediante asistencias internacionales.
Este caso, uno de los más significativos en la historia reciente del país, continúa acaparando la atención pública y jurídica debido a la magnitud de las implicaciones y la prominencia de las figuras involucradas. La resolución de este proceso podría tener consecuencias importantes para la lucha contra la corrupción en el país.
