Los Estados Unidos han impuesto sanciones de visado a ejecutivos de diversas empresas de transporte en Colombia, que facilitan la movilización de migrantes por vía marítima.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, estas empresas se aprovechan de migrantes en situación irregular, ofreciéndoles servicios destinados principalmente a facilitar su migración ilegal hacia el país norteamericano.
Aunque no se proporcionaron los nombres ni la cantidad exacta de personas afectadas, se especificó que los sancionados son propietarios de empresas que ofrecen servicios de transporte marítimo para facilitar el movimiento irregular de personas en el continente.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que estas restricciones de visado envían un claro mensaje de que nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de los migrantes, ya sean contrabandistas, empresas privadas o funcionarios públicos.
Estas medidas forman parte de los esfuerzos de EE.UU., en colaboración con países aliados en la región, para combatir la explotación de la migración.
Colombia se ha convertido en un importante país de tránsito en las nuevas rutas migratorias hacia EE.UU., debido a su ubicación geográfica como puente entre Sudamérica y Centroamérica, y al hecho de que no requiere visado para varias nacionalidades.
En los últimos tiempos, ha surgido una ruta popular a través de la isla caribeña de San Andrés, parte del territorio colombiano y cercana a las costas de Nicaragua. Los migrantes, en lanchas o embarcaciones clandestinas desde el archipiélago hasta el país centroamericano, logran evitar la peligrosa selva del Darién, que separa Colombia de Panamá.
Sin embargo, este trayecto a través del mar Caribe ha expuesto a cientos de migrantes a riesgos, y según datos de la Procuraduría colombiana, en 2023 se registraron más de 100 naufragios con personas de diversas nacionalidades.
Estas acciones se enmarcan en una política del Departamento de Estado anunciada en febrero de 2024, que amplió una política anterior dirigida a Nicaragua en noviembre de 2023, en virtud de la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La política anterior se centraba en imponer restricciones de visa a personas que operaban vuelos chárter hacia Nicaragua, destinados principalmente a inmigrantes irregulares. Estas compañías ofrecían vuelos a precios exorbitantes, colocando a los migrantes en peligrosos viajes terrestres hacia el norte, en dirección a la frontera con Estados Unidos.
La nueva política está dirigida a altos ejecutivos de empresas que ofrecen transporte por tierra, mar o vuelos chárter, principalmente para personas que planean migrar irregularmente a Estados Unidos.
