Histórica Compensación de USD 3.76 Millones a Mujer de Denver por Errónea Redada Policial Un Punto de Inflexión en la Justicia y la Reforma Policial
Histórica Compensación de USD 3.76 Millones
Ruby Johnson, una mujer de 78 años residentes en Denver, se convirtió en el centro de atención al recibir una compensación de USD 3.76 millones después de que su hogar fuera objeto de una errónea redada por parte del equipo SWAR de la policía, este veredicto, más alla de la compensación monetaria, representa la defensa de los derechos constitucionales y marca un antes y un después en la fomra en que se manejan las acciones policiales en Colorado.
El dramático suceso tuvo lugar el 4 de enero de 2022, cuando el equipo SWAT irrumpió en la residencia de Johnson, ubicada en el vecindario de Montbello, basándose en información incorrecta proporcionada por la aplicación Find My de Apple. La policía, creyendo que estaban tras la pista de un camión robado, así como de varias armas de fuego y un iPhone, ejecutó una orden de registro sin contar con la debida causa probable.
Para Johnson, una jubilada del Servicio Postal de Estados Unidos y abuela, la experiencia fue traumática. Se vio obligada a enfrentar la presencia intimidante del equipo SWAT, vistiendo solo una bata de baño, mientras su hogar era invadido en busca de objetos que nunca estuvieron allí. Este incidente no solo puso en evidencia la falta de precisión de la aplicación Find My de Apple, sino también las deficiencias en el proceso de obtención y ejecución de órdenes de registro por parte de la policía.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Colorado (ACLU) subrayó la importancia de proteger los derechos individuales frente a acciones policiales arbitrarias, señalando que la Constitución de Colorado exige que las órdenes de registro estén basadas en una causa probable sustentada por una declaración jurada escrita. Este veredicto envía un claro mensaje sobre la necesidad de respetar la privacidad y los derechos de los ciudadanos, incluso en situaciones de aplicación de la ley.
El jurado, al otorgar la compensación de USD 3.76 millones, estableció que Denver sería responsable de pagar el monto, desglosado en USD 1.26 millones en daños compensatorios y USD 2.5 millones en daños punitivos. Además, se dejó abierta la posibilidad de que los oficiales involucrados, como el detective Gary Staab y el sargento Gregory Buschy, contribuyan con hasta USD 25,000 si se demuestra que actuaron de mala fe en una demanda separada.
Sin embargo, lo que resulta aún más sorprendente es que una revisión interna realizada por el departamento policial no derivó en ninguna acción disciplinaria formal contra los oficiales implicados, quienes continúan en sus puestos. Esta falta de rendición de cuentas ha generado un debate sobre las prácticas internas de revisión y la necesidad de una mayor transparencia y responsabilidad dentro de las fuerzas policiales.
La demanda, respaldada por la ACLU, fue posible gracias a un cambio legislativo reciente que permite a las personas demandar a oficiales de policía por violaciones de los derechos constitucionales estatales. Anteriormente, las víctimas de mala conducta policial tenían que recurrir a tribunales federales, donde la inmunidad cualificada a menudo protege a los funcionarios de ser demandados por acciones realizadas en el curso de sus funciones.
Este caso, más allá de ser una victoria personal para Ruby Johnson, establece un importante precedente en la lucha por una reforma policial significativa y el respeto a los derechos civiles. Enseña lecciones críticas sobre el uso adecuado de la tecnología por parte de las autoridades y la necesidad de verificar cuidadosamente la información antes de realizar acciones invasivas. Es un recordatorio contundente de que nadie, independientemente de su edad o situación, está por encima de la ley y que la justicia debe prevalecer en todo momento.
