El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, ha tomado medidas drásticas para frenar el gasto en los últimos días del gobierno de Laurentino Cortizo. Alexander ha ordenado a todas las instituciones públicas detener licitaciones, adquisiciones y contrataciones, así como cualquier nueva iniciativa de gasto.
Esta directiva se ha emitido a través de la circular MEF-2024-26101, la cual también establece que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no proporcionará certificaciones de partidas solicitadas por las entidades estatales para dichas actividades.
La circular enfatiza la obligación de las entidades públicas de cumplir con el artículo No. 15 de la Ley No. 34 de 2008, conocida como la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Esta normativa prohíbe a las entidades contraer nuevas obligaciones en los últimos seis meses de gobierno si no cuentan con suficiente asignación presupuestaria y si dichas obligaciones no pueden ser pagadas dentro del mismo período fiscal.
El cumplimiento de esta ley, sin embargo, será un desafío significativo al cierre de 2024. El próximo gobierno enfrentará dificultades debido a la forma en que se ha estructurado el presupuesto de este año. La administración saliente presentó un presupuesto general del Estado que implica una maniobra financiera de $4,092 millones. Esta cantidad representa el dinero que supuestamente no se ejecutaría al finalizar el año 2024, ya que en un año electoral el aparato estatal se ralentiza y no es posible llevar a cabo todos los planes trazados.
El presupuesto enviado a la Asamblea Nacional revela que esta sobejecución se debe a que los ingresos proyectados no cubrirán todos los gastos estimados. Si se gastara todo lo presupuestado, se sobrepasaría significativamente lo estipulado por la ley fiscal, incrementando el déficit del 2% al 6.7%.
En la circular, Alexander también anunció la suspensión de nombramientos y ajustes salariales, con excepción de aquellos cargos protegidos por leyes especiales. Sin embargo, estas medidas podrían ser insuficientes dada la magnitud del gasto reciente.
Durante los últimos meses, en pleno período electoral, la administración de Cortizo infló la planilla estatal, superando los 250 mil funcionarios. Estos empleados recibieron un total de $427.2 millones en sueldo bruto durante el mes de febrero. Según el último informe de la Contraloría General de la República, publicado en abril, del sueldo bruto acumulado en la planilla del sector público, $400.7 millones corresponden a funcionarios permanentes y $26.4 millones a funcionarios eventuales.
El Gobierno cerró el año 2023 con un gasto sin precedentes en pagos a funcionarios, superando los $5,000 millones. Este gasto masivo plantea serios desafíos para la administración entrante, que deberá lidiar con las consecuencias financieras y buscar maneras de cumplir con las estrictas normativas fiscales en un contexto de presupuesto ajustado.
