El reciente anuncio del ministro Héctor Alexander, instruyendo a todas las instituciones a suspender todas las licitaciones, nombramientos y ajustes salariales, ha generado inquietud entre diversos sectores, especialmente entre los pacientes aquejados por enfermedades crónicas.
El Ministerio de Economía y Finanzas, en un comunicado oficial, fundamentó esta medida en el artículo No.15 de la Ley No.34 de 2008 de Responsabilidad Social Fiscal. Dicho artículo prohíbe a las entidades públicas, en los últimos seis meses de gobierno, contraer nuevas obligaciones que no cuenten con suficiente asignación presupuestaria.
Los primeros en reaccionar ante esta comunicación fueron los pacientes con enfermedades crónicas, quienes expresaron su preocupación ante la posibilidad de enfrentar dificultades en el acceso a medicamentos esenciales.
Impacto en la Provisión de Medicamentos
Actualmente, existe una licitación en proceso para el suministro de medicamentos en las farmacias de las instancias públicas, abarcando más de 200 renglones de medicamentos por un valor estimado en 200 millones de dólares. Esta negociación lleva cinco meses en curso y, según reportes, está próxima a su concreción.
Emma Pinzón, vocera de los pacientes con enfermedades crónicas, expresó su preocupación por el impacto directo que esta medida tendría en la salud de quienes dependen de estos medicamentos. Destacó la necesidad de hacer excepciones en el ámbito de la adquisición de fármacos, argumentando que los pacientes no pueden postergar el tratamiento de sus dolencias.
Riesgo de Desabastecimiento y Consecuencias para los Pacientes
La suspensión de licitaciones y ajustes salariales podría desencadenar un desabastecimiento crítico de medicamentos, afectando especialmente a pacientes con enfermedades degenerativas como VIH, cáncer, problemas renales, artritis reumatoide, entre otras. Este escenario recurrente en el sistema de salud pública podría ocasionar un retroceso en el tratamiento de las enfermedades crónicas o forzar a los pacientes a incurrir en gastos elevados en farmacias privadas.
Los afectados esperan que se realicen excepciones en este caso particular, con el fin de evitar una crisis de salud entre las personas que dependen de estos tratamientos. La incertidumbre persiste mientras se aguarda por acciones que mitiguen los posibles efectos adversos de esta medida en la población más vulnerable.
