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Revive la polémica de las licencias con sueldo en el sector público después del caso de Diógenes Galván

El procurador de la Administración, Rigoberto González, ha expresado que la Ley 376 del 31 de marzo de 2023, que permite a los representantes de corregimiento y alcaldes elegir su salario si ya tenían un cargo público al ser electos, es inconstitucional.

La Ley 376 fue aprobada tras un fallo unánime de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que, el 14 de marzo de 2022, declaró inconstitucional la licencia con sueldo, una figura que permitía a los funcionarios recibir hasta dos salarios del Estado. Esta disposición estaba incluida en la Ley 37 del 29 de junio de 2009, que descentraliza la administración de la gestión pública. Un año después de dicho fallo, los diputados aprobaron la Ley 376, reintroduciendo la polémica figura.

La Ley 376 de 2023 ha sido objeto de dos demandas: una presentada por el abogado y ahora diputado electo Ernesto Cedeño, y otra por el abogado Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde electo del distrito de Panamá. La magistrada María Cristina Chen Stanziola es la ponente del caso.

Los artículos 72 y 83 de la ley de descentralización, modificados por la Ley 376, establecen que los representantes de corregimiento y sus suplentes, así como los alcaldes y vicealcaldes electos, pueden escoger entre su salario en el gobierno local o el salario de su cargo público previo. Cedeño argumenta que esto favorece injustamente a ciertos funcionarios, en detrimento de otros.

González, en su opinión enviada a la Corte como parte de la demanda de Cedeño, indicó que la norma vulnera cuatro artículos de la Constitución e infringe otros cuatro. Su informe, de 19 páginas, fue remitido a la CSJ el 14 de marzo.

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Ana Matilde Gómez, exprocuradora general de la Nación, subrayó la importancia de regular el tema del «mejor salario». Según ella, esto permitiría a los aspirantes a cargos públicos y sus familias conocer el impacto económico de su decisión desde el principio. Gómez señaló que es crucial que los candidatos consideren cómo afectará su nivel de vida y el bienestar de sus hijos, y si están dispuestos a hacer el sacrificio necesario para el servicio público, el cual describió como una vocación destinada a servir a otros.

El abogado panameño Herbert Young también opinó que el tema necesita revisión. «Si la Corte falla que es inconstitucional, los funcionarios tendrán que ajustarse a la nueva situación salarial, lo que podría causar un desfase», dijo. Young recordó que asumir un cargo público implica sacrificios, pero no debería haber privilegios especiales, y que los candidatos deben evaluar estas implicaciones antes de postularse.

Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado afirmó que no debe existir la posibilidad de que nadie ajuste su salario a conveniencia personal. «El salario para una función pública debe ser el establecido», enfatizó. Márquez Amado recordó que el artículo 19 de la Constitución prohíbe privilegios y discriminaciones, y que los artículos de la Ley 376 crean un privilegio para los aspirantes a cargos públicos que podrían optar por el salario de otro puesto en el sector público.

Márquez Amado también resaltó la necesidad de revisar racionalmente los salarios en el sector público. Comparó las responsabilidades y salarios de diferentes cargos, argumentando que debe haber coherencia y rendición de cuentas. «No puede haber una diferencia tan grande entre el salario de un director de fútbol y un magistrado de la Corte Suprema», comentó, subrayando que todos los funcionarios deben ser responsables y transparentes en su remuneración.

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A la Espera de la Corte

Actualmente, la Corte Suprema de Justicia está pendiente de emitir una decisión sobre las dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 376. La exprocuradora general Ana Matilde Gómez ha urgido a la CSJ a pronunciarse rápidamente sobre el asunto.

El abogado demandante Ernesto Cedeño reafirmó que la norma es inconstitucional, citando el artículo 302 de la Constitución, que estipula que los funcionarios deben desempeñar sus cargos de manera personal y ser remunerados solo por ese cargo. Cedeño también criticó la distinción entre el sector público y el privado, señalando que en el sector privado no se permite una licencia con sueldo, cuestionando por qué debería ser diferente en el sector público.

El debate se intensificó recientemente cuando el alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, anunció que tomaría una licencia con sueldo de su trabajo en la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), donde tiene un salario base de $17 mil. Galván rechazará el salario de alcalde, que ronda los $10 mil, explicando que utilizará estos fondos para programas sociales.

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