CSS
La Caja de Seguro Social (CSS) ha generado controversia en el proceso de contratación para el servicio de recolección de desechos en sus centros hospitalarios, con un contrato valuado en $58.7 millones para los próximos cinco años. La semana pasada, este proceso de contratación fue revivido tras una serie de reclamos de empresas que denunciaron que el mismo era restrictivo y limitaba la competencia a empresas con plantas de incio, excluyendo así a aquellas que utilizan sistemas de autoclave, comúnmente empleados en países avanzados en tecnología.
En el acto de presentación de ofertas, la empresa Pumper S.A., quien ha controlado este negocio durante los últimos 14 años a través de contratos directos y adendas, se presentó nuevamente como favorita. Sin embargo, la comisión evaluadora emitió un informe confuso que no detallaba las propuestas, su alcance ni los renglones de interés, lo que generó dudas respecto a la transparencia del proceso. Además, las cifras ofertadas por las empresas difieren significativamente entre sí y respecto al precio de referencia establecido por la CSS.
Se recibieron un total de seis ofertas, siendo rechazada de inmediato la ofrecida por Building Paradise por $21.8 millones. Pumper presentó dos ofertas, una bajo su nombre por $18.2 millones para la mitad de los renglones del contrato, y el resto a través del consorcio ILSE por $23.3 millones. Es importante destacar que esta empresa tiene vínculos directos, incluyendo la misma empresa auditora y cuentas por cobrar con otras compañías similares.
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Las otras ofertas provinieron de Domingo Morrison por $18 millones, el consorcio PHE Covsa con $24.5 millones y Servicios Tecnológicos de Incineración con $7.7 millones. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso sugieren que la competencia podría no haber sido equitativa y que todo estaría dirigido a que Pumper resulte ganador del 100% del contrato nuevamente, otorgándole así el control por cinco años más y justo antes de un cambio de gobierno.
Este proceso ha estado envuelto en polémica desde el principio. La semana pasada, la CSS revivió el proceso de contratación luego de una serie de reclamos de empresas que denunciaron que el acto era restrictivo y limitaba la competencia a solo empresas con plantas de incineración, dejando fuera de participación a las empresas con el sistema de autoclave, utilizado en países avanzados en tecnología.
Inicialmente, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) solicitó a la CSS corregir el pliego de la licitación después de que tres empresas interesadas en el proceso reclamaron que el mismo era excluyente y limitaba la competencia tanto en aspectos financieros como técnicos. La CSS realizó las supuestas modificaciones pero mantuvo su posición de solo aceptar la incineración como método de tratamiento de los desechos, lo que generó más críticas y acusaciones de discriminación.
Servicios Múltiples fue una de las empresas que logró que la DGCP admitiera su reclamo contra el pliego de cargos, argumentando que había requisitos que ponían su oferta en desventaja, como la exigencia de que el único método de tratamiento de la basura sea la incineración. Además, el pliego obligaba a las empresas a tener una planta de incineración para poder competir, lo que limitaba la participación de aquellas que utilizaban otros métodos de tratamiento de desechos.
Fuentes cercanas al proceso también señalan irregularidades en los precios de referencia, los cuales parecen estar basados en las propuestas económicas de Pumper. Esta empresa ha estado en el centro de la controversia desde el gobierno anterior, cuando se vio envuelta en un contrato directo otorgado por el Consejo de Seguridad para incinerar droga incautada durante la administración de Juan Carlos Varela.
La situación planteada por este proceso de contratación evidencia la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos de licitación y contratación en instituciones como la CSS. La falta de transparencia, la presunta favoritismo hacia ciertas empresas y la exclusión de competidores potenciales socavan la confianza en el sistema y pueden resultar en decisiones que no necesariamente representan los mejores intereses de la institución o de la población a la que sirve.
Es fundamental que se establezcan mecanismos de supervisión más rigurosos y se promueva la competencia justa y equitativa en todos los procesos de contratación pública. Solo así se garantizará la eficiencia en el uso de los recursos públicos y se evitará la concentración indebida de poder en manos de unos pocos actores del mercado.x
