Una nueva legislación impone obligaciones a las promotoras urbanísticas respecto a la edificación de aulas escolares, en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación (Meduca), como parte integral de sus compromisos empresariales.
La Ley 433, promulgada el 6 de mayo de 2024 y publicada en la Gaceta Oficial, establece que las promotoras deben integrar en sus proyectos urbanísticos evaluaciones del impacto regional sobre el aumento de la población estudiantil.
Según esta normativa, cada promotor debe incluir en su plan de desarrollo, en asociación con el Meduca, los fondos necesarios para la construcción de aulas escolares. Este requisito se fundamenta en la proyección del impacto en la capacidad de atención estudiantil, estableciendo una relación de una aula por cada doscientas nuevas viviendas en el área de desarrollo.
El proyecto de ley, conformado por seis artículos, fue presentado a la Asamblea Nacional el 26 de julio de 2023 por la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cenobia Vargas, obteniendo aprobación en primer debate en agosto del mismo año.
Alejandro Ferrer, presidente de la Cámara Panameña de la Construcción, expresó preocupación ante esta iniciativa durante su discusión en la Comisión de Economía y Finanzas el año pasado. Señaló que las promotoras se ven obligadas a asumir el costo de estas construcciones, mientras que el Meduca carece de conocimiento y recursos para garantizar su adecuado funcionamiento.
La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) incluso solicitó al presidente de la República que no sancionara la ley debido a sus inconvenientes. Sin embargo, la sorpresa llegó esta semana al ser publicada en la Gaceta Oficial, desatando diversas reacciones en el sector.
