La corrupción y la falta de transparencia en la gestión de la actual administración han sido temas que han impactado profundamente al país desde múltiples ángulos.
El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023 reveló una puntuación preocupante para Panamá, con apenas 35 puntos sobre 100, comparado con una media regional de 43. Esta percepción negativa se reflejó también en la rebaja de la calificación de riesgo por parte de Fitch Rating, que destacó problemas de gobernanza y corrupción, afectando así a la economía en general.
Uno de los mayores desafíos para la administración del presidente electo, José Raúl Mulino, será implementar estrategias eficaces para recuperar la confianza pública, mejorar las prácticas de transparencia y reforzar la rendición de cuentas, en respuesta a las múltiples deficiencias que ya han generado repercusiones significativas.
La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) jugará un papel crucial en el restablecimiento de la confianza institucional y en la mejora de la percepción ciudadana. Sin embargo, no es la única entidad que debe replantear sus procesos para alcanzar este objetivo.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de Transparencia Internacional capítulo Panamá, mencionó que uno de los objetivos de la Antai es ser un referente en la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. No obstante, criticó que la entidad ha tenido un desempeño «mixto» debido a su falta de independencia, ya que, por un lado, debe fiscalizar a las instituciones y, por otro, resguardar las declaraciones de conflicto de interés de los funcionarios.
De Obaldía subrayó la necesidad de que la Antai esté liderada por una persona con total independencia, ya que su rol de control es esencial para su eficacia. La directora de la Fundación Libertad Ciudadana también señaló la poca independencia en las funciones de la Antai, ya que su dirección cambia con cada administración gubernamental.
Originalmente, la Antai tenía un sistema de «nombramiento cruzado» donde el personal designado entraba y salía a mitad de cada administración, minimizando su contacto con el Ejecutivo. Sin embargo, esta norma fue reformada al inicio de la administración de 2014, lo que disminuyó la capacidad de independencia de la entidad.
La gestión de la Antai ha sido evaluada por Obaldía como variada, ya que en algunos casos ha seguido la ley de transparencia, mientras que en otros ha priorizado la protección de datos personales sobre la información pública. En otros países, las funciones de protección de datos y acceso a la información pública están separadas, algo que en Panamá no ocurre.
Además, la Antai debería encargarse de recibir, analizar y prevenir los conflictos de interés en el servicio público. Para que esta entidad sea verdaderamente eficaz, es necesario revisar sus funciones mixtas, ya que estos conflictos han llevado a decisiones inconsistentes.
Desde la perspectiva de la Fundación Libertad Ciudadana, es necesario analizar la estructura de la Antai, los nombramientos, la profesionalización del equipo y las responsabilidades atribuidas a la entidad desde su creación. Esto con el objetivo de medir su efectividad como ente de control y su capacidad para sancionar a los funcionarios que no cumplen con la transparencia y la rendición de cuentas.
Un ejemplo de la falta de transparencia es el caso de los auxilios económicos, donde el contralor de la República, Gerardo Solís, ocultó información sobre los beneficiarios de estos auxilios, actuando en contra de la ley según una demanda presentada en su contra. De Obaldía calificó el rol de la Contraloría como un «abandono total» de la fiscalización y la rendición de cuentas.
En el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) de 2023, Panamá obtuvo una puntuación de 5.39, ocupando el puesto 6 de 15 países de la región, mientras que Costa Rica y Uruguay se ubicaron en los primeros lugares. Este índice destaca las capacidades de los países para combatir la corrupción, pero señala que Panamá aún tiene áreas de mejora significativas.
El IPC mide diversas manifestaciones de corrupción en el sector público, como sobornos, desvío de fondos públicos, y funcionarios que utilizan su cargo para beneficio privado sin enfrentar consecuencias. Además, evalúa la capacidad de los gobiernos para contener la corrupción, la excesiva burocracia, el nepotismo y la existencia de leyes que obligan a los funcionarios a revelar sus finanzas y conflictos de interés. La protección jurídica para los denunciantes de corrupción y el acceso a la información pública son también factores clave.
Los índices que miden la corrupción de diferentes formas indican que las políticas y procedimientos para identificar y gestionar los conflictos de interés son insuficientes. Las autoridades anticorrupción carecen de mecanismos adecuados para investigar, sancionar y prevenir prácticas corruptas, uno de los roles principales de la Antai.
Según el último informe de la Antai, se han remitido 51 expedientes de casos con posibles conductas delictivas al Ministerio Público. Desde octubre de 2022, la Antai ha conocido hechos relacionados con delitos contra la administración pública, la fe pública, el patrimonio económico, y la integridad sexual.
La certeza del castigo, la independencia judicial, el Estado de derecho y las instituciones de control serán cruciales para que la nueva administración maneje la corrupción y la rendición de cuentas de manera más efectiva.
