
Reina la incertidumbre en Panamá a pocos días de las elecciones
La ausencia de un vicepresidente en la fórmula del candidato líder en las encuestas en Panamá ha desatado una controversia legal que agrega incertidumbre al proceso electoral, con una demanda pendiente de resolución. La política panameña se encuentra inmersa en un debate sobre la candidatura de José Raúl Mulino, de Realizando Metas y Alianza, quien lidera las encuestas pero enfrenta una demanda debido a la ausencia de un vicepresidente en su fórmula, una situación sin precedentes que ha generado incertidumbre a pocos días de las elecciones.
El Dr. Jon Subinas, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, señaló que la situación es compleja a menos de un mes de las elecciones debido a la demanda presentada contra la candidatura de Mulino. Esta situación se originó cuando el ex presidente Ricardo Martinelli fue inhabilitado debido a una acusación de corrupción y Mulino, quien era el candidato a vicepresidente, asumió la candidatura presidencial en su lugar.
La controversia radica en que la Constitución panameña prevé la figura del vicepresidente, y Mulino no ha designado a uno en su fórmula, lo que ha llevado a cuestionamientos legales sobre la validez de su candidatura. El Dr. Subinas destacó que esta situación es inédita y no está contemplada en la legislación panameña, generando un vacío legal sujeto a interpretación.
(Conoce Variedad De Noticias Con Diario Digital Panameño).
El candidato favorito en las encuestas, José Raúl Mulino, ha liderado todas las mediciones, con un 35% de apoyo, mientras que sus rivales tienen porcentajes más bajos y atomizados. Sin embargo, la falta de resolución sobre la demanda ha generado incertidumbre sobre el resultado de las elecciones.
El caso ha llamado la atención de la comunidad internacional, con la Iniciativa Democrática de España y las Américas expresando su preocupación por lo que consideran una tendencia a restringir el derecho a la participación política en Panamá. Algunos han solicitado a la Organización de Estados Americanos que esté atenta al desarrollo de las elecciones en el país en mayo.
Según José Araúz, analista político y economista de Panamá, el Tribunal Electoral emitió una resolución favorable a la candidatura de Mulino tras la remoción de Martinelli, pero esta decisión no resuelve el vacío constitucional de no contar con un vicepresidente en la fórmula presidencial. La Constitución panameña establece la elección conjunta del presidente y el vicepresidente en una misma papeleta, lo que plantea interrogantes sobre la legalidad de la candidatura de Mulino.
Araúz explicó que la solución ideal habría sido que los partidos que postularon a Martinelli realizaran una convención extraordinaria para elegir a un nuevo vicepresidente o utilizaran algún otro método de validación. Sin embargo, esto no ocurrió, dejando la resolución del dilema en manos de la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

La incertidumbre se agrava por el hecho de que la Corte Suprema puede tomar su tiempo para pronunciarse, lo que podría resultar en una situación en la que Mulino gane las elecciones pero la Corte determine más adelante que su candidatura fue inconstitucional. Esta situación nunca antes vista en Panamá podría llevar a la necesidad de celebrar nuevas elecciones, lo que complicaría aún más el panorama político del país.
La esperanza de una resolución antes del plazo límite para imprimir las papeletas electorales, el 23 de abril, está presente, pero la incertidumbre persiste. En palabras de Araúz, esta situación es «muy sui géneris», y el impacto potencial de una resolución desfavorable de la Corte Suprema es significativo, ya que no solo afectaría a un candidato rezagado, sino al líder en las encuestas.
La situación política en Panamá se ve ensombrecida por la incertidumbre legal en torno a la candidatura de José Raúl Mulino, lo que plantea serias preguntas sobre la validez del proceso electoral y el futuro del país. Mientras tanto, la campaña continúa y los ciudadanos aguardan con ansias una resolución que clarifique el panorama y restaure la confianza en el sistema democrático.


