Los niveles de corrupción en el sector público de Panamá «siguen estancados desde 2012» por la «falta de un verdadero avance institucional en transparencia y rendición de cuentas» y la ausencia de «certeza de castigo», dijo este martes la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI).
Panamá fue incluido por primera vez en 2012 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y en la edición 2021 de este, lanzado este martes por la ONG global, obtuvo la calificación de 36 sobre 100 (siendo 0 lo más opaco/corrupto y 100 lo más transparente/limpio), ocupando la posición 105 entre 180 países en el rango mundial.
En la última década Panamá ha estado fluctuando en un promedio de 37/100, bajando o subiendo 1 o 2 puntos año a año, «como resultado de pequeños ajustes en las fuentes», dijo el capítulo panameño de TI.
Esas fluctuaciones «no son estadísticamente significativas y solo confirman la falta de un verdadero avance institucional en la transparencia y rendición de cuentas del sector público, y la certeza del castigo de los actos de corrupción por parte de la administración de justicia», agregó.
A juicio del capítulo panameño de la ONG global, «el estancamiento de Panamá es el reflejo de situaciones vividas en 2021, como los ataques a la libertad de expresión e información, la falta de rendición de cuentas y los retrocesos en la institucionalidad democrática».
«Ha sido un año (2021) además donde la desigualdad social se vio agravada por los impactos económicos y sanitarios de la pandemia. Salvo algunos avances puntuales, principalmente el nuevo sistema en línea de compras públicas -Panamá Compras-, poco se ha avanzado en temas puntuales de la transparencia institucional», añadió.
El capítulo panameño de TI señaló que hay una «larga lista» de agravios a la institucionalidad democrática que han «fortalecido la corrupción» en este país centroamericano de 4,28 millones de habitantes, entre ellos «la impunidad en los casos de corrupción que involucran fondos públicos y figuras políticas».
El irrespeto a la carrera administrativa, utilizando la planilla estatal como botín político; el uso discrecional de fondos públicos para esquemas de política clientelista, y la falta de transparencia y rendición de cuentas de todos los recursos utilizados bajo el estado de emergencia por la pandemia, también forman parte de esa lista.
«Existe una clara vinculación entre la corrupción y la falta de respuesta de los gobiernos a las necesidades básicas de la población más vulnerable – salud, agua, educación, vivienda-, y eso constituye una violación a los derechos humanos», dijo la presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Lina Vega.
Por ello, destacó, «es preciso que se entienda que combatir la corrupción y la generalizada impunidad, es defender la democracia y el derecho de los ciudadanos a una vida digna».
Con la calificación de 36/100 Panamá quedó nuevamente por debajo de la media de la región americana de 43/100, siendo los países mejor calificados de la región Canadá (74), Uruguay (73) y Chile (67), y los peor evaluados Nicaragua (20), Haití (20) y Venezuela (14), dijo TI. EFE
