La Brecha entre Política y Derechos Humanos
En un escenario político marcado por la contienda electoral en Panamá, el tema de los derechos de la comunidad LGBTIQ ha vuelto a destacar, esta vez con un revés significativo. Siete de los ocho candidatos presidenciales panameños rechazaron firmar un compromiso para garantizar los derechos de esta comunidad, incluyendo el reconocimiento del matrimonio igualitario. Este gesto, o más bien la ausencia del mismo, ha generado un intenso debate sobre la inclusión y el respeto a los derechos fundamentales en el país.
La única fórmula presidencial que accedió a firmar el compromiso fue la de izquierda, liderada por Maribel Gordon. Sin embargo, las encuestas indican que su posibilidad de victoria se percibe como remota. Esta situación plantea interrogantes sobre la prioridad que los candidatos asignan a los derechos de la comunidad LGBTIQ en un contexto político donde prevalecen otras agendas.
Las organizaciones de la comunidad LGBTIQ extendieron la invitación a todos los candidatos con miras a los comicios del 5 de mayo. Sin embargo, ninguno se presentó para firmar el pacto, lo que ha sido interpretado como una señal de cautela política en un período electoral sensible. Según Samirah Almengor, de la Coalición Internacional de Mujeres y Familias, la reticencia de los candidatos a participar en este compromiso puede deberse a la preocupación por la repercusión que una asociación pública con activistas LGBTIQ pueda tener en sus campañas.
(Puedes Leer: Cinco formas de descubrir el Canal de Panamá, una de las maravillas de la ingeniería moderna).
Entre los candidatos que lideran las encuestas se encuentran José Raúl Mulino, Martín Torrijos, Rómulo Roux y Ricardo Lombana. Ninguno de ellos estuvo presente para respaldar el compromiso en cuestión. Esta ausencia destaca la falta de consenso político en torno a los derechos de la comunidad LGBTIQ en el panorama electoral panameño.
El candidato a vicepresidente Richard Morales, compañero de fórmula de Maribel Gordon, fue la única excepción, asistiendo al evento de firma del compromiso. En sus declaraciones, Morales reiteró el compromiso de su partido con el respeto a los derechos humanos de toda la población panameña, sin discriminación alguna.
La ausencia de los principales candidatos a la firma del compromiso no pasó desapercibida para la comunidad internacional. Representantes de la ONU, la OEA y diversos diplomáticos estuvieron presentes como testigos de este evento, destacando la importancia de una participación activa y comprometida de los líderes políticos en la promoción de la inclusión y el respeto a los derechos humanos en todas sus formas.
Edith Castillo, del Fondo de Población de la ONU, expresó su preocupación por la ausencia de los candidatos y enfatizó la necesidad de recordarles a los futuros líderes del país la importancia de construir una sociedad inclusiva y pacífica para el desarrollo sostenible.
El compromiso propuesto por las organizaciones de la comunidad LGBTIQ abordaba diversas preocupaciones en torno a los derechos de esta comunidad en Panamá. Se señalaba una «profunda preocupación» por los obstáculos que enfrentan los miembros de esta comunidad para acceder a servicios básicos como salud, educación y empleo, así como la necesidad de que el Estado tome medidas urgentes para garantizar su protección y respeto.
En Panamá, donde la influencia de las iglesias católica y evangélica es considerable, los códigos internos de las instituciones públicas consideran la homosexualidad como una «falta grave», lo que puede resultar en despidos discriminatorios. Además, persisten prácticas discriminatorias como la exigencia de declarar la sexualidad como condición para donar sangre, excluyendo así a las personas homosexuales de este acto altruista.
Los impulsores del pacto buscaban también el compromiso de los candidatos con la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero de 2018, la cual estableció que las parejas homosexuales tienen los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Sin embargo, la Corte Suprema panameña rechazó en marzo de 2023 reconocer el matrimonio igualitario, argumentando que no está contemplado como un derecho humano en la Constitución del país.
La negativa de los candidatos a comprometerse con estas demandas ha generado un fuerte descontento entre los activistas LGBTIQ y sus aliados. Samirah Almengor enfatizó que las demandas de la comunidad LGBTIQ son legítimas y que su lucha por la igualdad de derechos debe ser reconocida y respaldada por las autoridades gubernamentales y los líderes políticos.
La falta de compromiso de la mayoría de los candidatos presidenciales panameños con los derechos de la comunidad LGBTIQ refleja una brecha significativa entre la política y los principios de derechos humanos fundamentales. Esta situación plantea desafíos importantes en términos de inclusión, respeto y garantía de derechos para todos los ciudadanos panameños, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
