La Policlínica en Boquete se Suma a la Lista de Adendas Millonarias
La Policlínica de Boquete, ubicada en Chiriquí, ha sido el último proyecto en sumarse a la creciente lista de obras de infraestructura de la Caja de Seguro Social (CSS) que experimentan aumentos significativos en sus costos debido a adendas aprobadas. Este fenómeno ha generado preocupación y críticas, especialmente en un contexto donde la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos públicos son temas prioritarios.
El proyecto de la Policlínica de Boquete fue adjudicado al consorcio compuesto por Ingeniería GER, S.A. y Alca Holding International por un monto inicial de $9.2 millones en junio de 2023. Sin embargo, este proyecto ya tenía una historia previa, habiendo sido suspendido durante ocho años con un avance del 57% y un contrato original de $12 millones. La necesidad de retomar y completar esta obra fue evidente, lo que llevó a la CSS a convocar una nueva licitación en 2018 después de que la empresa RIVA S.A. fuera incapaz de continuar con el proyecto, iniciando así un proceso de liquidación.
La adjudicación del nuevo contrato en junio de 2023, con una fecha de entrega inicialmente programada para mayo de 2024, marcó un hito en el avance del proyecto. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha límite, surgieron complicaciones que llevaron a la necesidad de extender el plazo a través de una primera adenda, estableciendo como nueva fecha límite el 25 de junio, coincidiendo con el fin del mandato de Laurentino Cortizo.
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Pocos meses antes de esta nueva fecha límite, la administración de la CSS, bajo el liderazgo de Enrique Lau, solicitó a la junta directiva la aprobación de una segunda adenda que implicaría un aumento en el monto del contrato por $3.5 millones, elevando así el costo total de la obra a $12.7 millones. Este incremento se justificó principalmente por la necesidad de incorporar equipos médicos y mobiliario que no habían sido contemplados en el contrato original, así como por la implementación de un nuevo sistema de financiamiento propuesto por la CSS.
Es importante destacar que, según los documentos de la entidad a los que tuvo acceso La Prensa, el contratista no ha recibido ningún pago hasta el momento, lo que plantea interrogantes sobre la gestión financiera y los procedimientos de pago en el marco de este proyecto. La CSS emitió una notificación indicando que se dispone de $1 millón en el presupuesto de inversión de 2024 para el pago de los trabajos, comprometiéndose además a asignar las partidas presupuestarias necesarias en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2025 y en los años subsiguientes para completar el importe total de la contratación por $12.7 millones.
Este caso no es único, ya que en las últimas semanas se han aplicado adendas similares en otros seis contratos de obras de infraestructura a cargo de la CSS. La Policínica Manuel Jesús Rojas en Aguadulce (Coclé), el Instituto de Salud Ocupacional de los Trabajadores en Panamá, la Policínica Dr. Manuel Paulino Ocaña en Penonomé (Coclé), la Policínica de San Antonio en Panamá, la Policínica Especializada de Chiriquí y los estacionamientos de la especializada J.J. Vallarino, también en Panamá, son algunos de los proyectos afectados por estas adendas, que en conjunto representan un aumento de costos de $51.5 millones.
Este patrón de aumentos en los costos de las obras de infraestructura de la CSS plantea serias interrogantes sobre la planificación, supervisión y ejecución de estos proyectos. La falta de previsión en la inclusión de mobiliario y equipos médicos en los contratos originales, así como la necesidad recurrente de recurrir a adendas para cubrir estos aspectos, sugiere deficiencias en la etapa de diseño y licitación de las obras. Además, la ausencia de pagos al contratista a pesar de los aumentos en los costos y las fechas límite cercanas plantean dudas sobre la gestión financiera y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En un momento en que la atención sanitaria es una prioridad indiscutible, es fundamental que los recursos destinados a la construcción y equipamiento de instalaciones médicas sean utilizados de manera eficiente y transparente para garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad. Las autoridades de la CSS deben tomar medidas urgentes para abordar estas preocupaciones y garantizar que los proyectos de infraestructura se lleven a cabo de manera efectiva, dentro de los plazos establecidos y respetando los principios de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
