El desafío de las «zonas de control» y los secuestros en Colombia
En medio del paisaje político y social de Colombia, marcado por procesos de paz y tensiones persistentes, las declaraciones recientes del delegado para los Derechos Humanos de la Procuraduría, Javier Sarmiento, han resaltado la preocupación por el uso de ciertos términos por parte de las disidencias de las Farc en sus comunicados al país. Específicamente, Sarmiento ha expresado una seria inquietud ante la referencia de “puestos de control” y zonas “bajo el control político y militar” de este grupo ilegal, que se encuentra en medio de negociaciones de paz con el Gobierno. De hecho, el funcionario calificó como “insólitos” estos términos que utilizan las disidencias de las Farc.
«Nos preocupa que las disidencias de las Farc estén hablando de puestos de control y registro. Peor aún, que manifiesten tener control e injerencia militar y política en las zonas rurales de nuestro país. Es un grupo con el que se está adelantando unos diálogos de paz, por lo cual solicitamos y exigimos al Gobierno nacional que tome medidas inmediatas», declaró Sarmiento, destacando la necesidad de una respuesta pronta y efectiva por parte de las autoridades.
Estas preocupaciones surgieron en el contexto del secuestro a tres integrantes del CTI de la Fiscalía, cuando se dirigían a la seccional Cauca, ubicada en Popayán. Los funcionarios, Bethy Amanda Mage Imbachi y Gerzón René Rivera Fernández, fueron retenidos por el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc, generando una situación de alarma y tensión en la región. Acompañando a los miembros del CTI se encontraba también María Yeni Ruiz, una ciudadana que los acompañaba en su labor.
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Según admitieron los subversivos, al encontrarse en un área rural del municipio de Santander de Quilichao, los integrantes del EMC los secuestraron. «La ruptura al cese al fuego pone en riesgo a militares, policías y demás funcionarios del Estado», enfatizó el documento firmado por el frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental, aludiendo a un contexto mayor de tensión y riesgo para aquellos que transitan o realizan labores dentro de las áreas de influencia del grupo disidente.
El llamado urgente a las disidencias para que liberen a los funcionarios del CTI secuestrados resalta la gravedad de la situación. Se espera una acción pronta por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y la integridad de los secuestrados, así como para evitar que este tipo de incidentes se repitan en el futuro.
En un desarrollo adicional que agrega preocupación a la situación, el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) reportó el secuestro de dos miembros de la comunidad del resguardo de San Andrés de Pisimbala, en Inzá, Cauca. Luis Ángel Liz y Estiven Quinto fueron presuntamente secuestrados por la columna Dagoberto Ramos, la misma facción de las disidencias que tendría en su poder a los miembros del CTI.
El Cric, en un comunicado emitido el lunes 22 de abril, responsabilizó al grupo armado por cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir los comuneros. Anunciaron una minga permanente y una movilización para buscar a los comuneros secuestrados, destacando su determinación de no cesar en sus actividades hasta encontrarlos y garantizar su seguridad.
Los eventos recientes resaltan la complejidad y la gravedad de la situación en regiones como el Cauca, donde la presencia de grupos armados ilegales sigue representando una amenaza para la seguridad y el bienestar de las comunidades locales. La respuesta del Gobierno nacional y de las autoridades locales será crucial para abordar estos desafíos y garantizar la protección de los derechos humanos en estas áreas afectadas por la violencia y el conflicto armado.
En cuanto a la solicitud del EMC de las disidencias de las Farc de «despejar» cinco municipios para facilitar la liberación de los dos funcionarios del CTI que fueron secuestrados, la falta de información detallada sobre los municipios en cuestión genera incertidumbre sobre el alcance y la viabilidad de esta propuesta. Sin embargo, queda claro que se necesita una coordinación efectiva entre las autoridades y los actores involucrados para abordar esta situación de manera rápida y efectiva.
La situación actual en Colombia, marcada por secuestros y la presencia persistente de grupos armados ilegales en ciertas regiones, destaca la importancia de un enfoque integral y coordinado para abordar estos desafíos. La protección de los derechos humanos y la seguridad de las comunidades locales deben ser una prioridad para todas las partes involucradas, y se requiere un esfuerzo conjunto tanto a nivel nacional como local para lograr avances significativos en la construcción de la paz y la estabilidad en el país.
