POLÍTICA

El Exmagistrado Márquez Amado Analiza la Posible Influencia de la Corte Suprema en las Elecciones ante el Caso Mulino

El Exmagistrado Márquez Amado Analiza la Posible Influencia de la Corte Suprema en las Elecciones ante el Caso Mulino

El exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, ha emitido una declaración significativa sobre el impacto potencial de una decisión judicial en el proceso electoral panameño. Según Márquez Amado, si la Corte Suprema de Justicia falla en contra de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, este fallo tendría una preeminencia sobre los resultados de las próximas elecciones, en las cuales Mulino es candidato por Realizando Metas y el Partido Alianza.

La perspectiva de Márquez Amado surge en medio de un ambiente de incertidumbre, ya que la Corte Suprema no tiene previsto emitir un fallo respecto a la candidatura de Mulino antes de las elecciones programadas para el 5 de mayo. Esta situación plantea interrogantes sobre el peso y la secuencia de los procesos legales en relación con los eventos electorales.

En una reciente intervención en TVN Noticias, Márquez Amado subrayó que los procedimientos legales no pueden estar supeditados a opiniones mayoritarias, sino que deben regirse por lo que estipulan la ley y la Constitución. En este sentido, destacó que algunos argumentan que las decisiones del pueblo soberano, como la elección de un presidente, deben ser respetadas incondicionalmente, mientras que él y otros comparten una visión diferente.

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«Antes que todo, debe prevalecer el respeto a la Constitución y a las leyes de la República», afirmó Márquez Amado. Hizo hincapié en que la Constitución panameña es una expresión del pueblo y que cualquier modificación o interpretación debe basarse en su texto y en el consenso democrático.

El exmagistrado señaló que las implicaciones de una decisión judicial posterior a las elecciones generarían una intensa discusión y preocupación en el país. Esta reflexión cobra relevancia ante la situación actual, donde la incertidumbre jurídica en torno a la candidatura de Mulino puede influir en el resultado de los comicios y en la estabilidad política del país.

El magistrado de la Corte Suprema, Olmedo Arrocha, quien está a cargo de la demanda de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Tribunal Electoral que permitió a Mulino postularse como candidato presidencial en sustitución de Ricardo Martinelli, ha proporcionado información sobre los plazos y procesos que podrían definir este caso.

Uno de los aspectos destacados de este proceso es la pregunta planteada por Arrocha al Tribunal Electoral, cuestionando quién fue el responsable de la designación de Mulino como candidato presidencial. Esta interrogante cobra relevancia en el contexto de la inhabilitación de Martinelli para participar en las elecciones debido a su condena por blanqueo de capitales en el caso New Business.

La incertidumbre sobre la candidatura de Mulino, sumada a las preguntas planteadas por la Corte Suprema, refleja la complejidad y sensibilidad de este proceso electoral. Además, evidencia la necesidad de una clarificación legal y una resolución definitiva antes de la fecha de las elecciones para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso democrático.

En este sentido, la sociedad panameña está a la expectativa de los desarrollos futuros y de las decisiones que emanen tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Electoral. La resolución de este caso no solo tendrá implicaciones legales y políticas, sino que también definirá el curso del proceso democrático en Panamá y la percepción internacional sobre la integridad de sus instituciones.

La declaración del exmagistrado Márquez Amado y los acontecimientos recientes relacionados con la candidatura de Mulino ponen de relieve la complejidad y la importancia de garantizar el Estado de derecho y el respeto a las instituciones en el proceso electoral panameño. La preeminencia de la ley y la Constitución, así como la transparencia y la imparcialidad en la administración de justicia, son fundamentales para asegurar la legitimidad y la estabilidad del sistema democrático en el país.

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