¿por qué no ha ido a juicio el peor atentado en la historia del país?
A tres meses del trigésimo aniversario del peor atentado en la historia de Argentina, la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el máximo tribunal penal del país ha emitido un fallo crucial. La Cámara Federal de Casación ha ratificado la responsabilidad de Irán en el atentado, que resultó en la trágica pérdida de 85 vidas.
Este fallo también ha confirmado que el ataque fue ejecutado por la organización armada islamista Hezbolá. Además, se ha declarado el atentado del 18 de julio de 1994 como un crimen de lesa humanidad, reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron.
A pesar de este avance en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias, es importante destacar que este fallo no ha surgido como parte de un juicio contra los responsables del ataque. Más bien, forma parte de un proceso paralelo que investiga el encubrimiento perpetrado por los primeros funcionarios judiciales y gubernamentales que estuvieron a cargo de la llamada «causa AMIA».
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El atentado contra la AMIA no solo representa el peor acto de terrorismo en la historia de Argentina, sino que también es un ejemplo emblemático de la impunidad que persiste en el país. A pesar de tres décadas de búsqueda de justicia, ninguno de los autores ha sido arrestado o juzgado. Paradójicamente, quienes enfrentaron condenas de cárcel fueron el juez y los fiscales que lideraron la causa original.
El exjuez Juan José Galeano, por ejemplo, fue condenado en 2019 a seis años de prisión por utilizar fondos estatales para pagar a testigos falsos y acusar injustamente a un grupo de policías de ser la «conexión local» del ataque. Aunque la Cámara Federal de Casación ha reducido esta condena a cuatro años, sigue siendo un recordatorio sombrío de los fracasos del sistema judicial argentino.
Incluso figuras políticas prominentes, como el expresidente Carlos Menem, han sido implicadas en el encubrimiento del ataque. Aunque Menem fue absuelto de estos cargos, el hecho de que dos exmandatarios argentinos estén bajo escrutinio judicial por presunto encubrimiento resalta la magnitud de la corrupción y la falta de rendición de cuentas en el país.
Entonces, ¿quiénes son los responsables del ataque y por qué no han sido llevados ante la justicia? Según la investigación argentina, el atentado fue llevado a cabo por el grupo militante chiita Hezbolá, bajo las órdenes de Irán, aunque este último siempre ha negado su participación.
Desde el inicio, la causa AMIA ha estado plagada de controversias y obstáculos. El primer juicio, que comenzó en 2001, se centró en la «conexión local» en lugar de apuntar a Hezbolá o Irán. Sin embargo, este juicio terminó en escándalo cuando se reveló que los acusados habían sido falsamente incriminados, llevando a la anulación de la causa en 2004.
Tras este revés, el expresidente Néstor Kirchner estableció una fiscalía especial encabezada por Alberto Nisman para investigar el atentado. Nisman acusó formalmente a Irán y Hezbolá en 2006, lo que condujo a la emisión de órdenes de detención por parte de Interpol para varios exfuncionarios iraníes. Sin embargo, Irán se ha negado a entregar a los sospechosos y ha rechazado cualquier cooperación con la investigación argentina.
La controversia en torno al caso AMIA alcanzó su punto máximo con la firma del «memorándum de entendimiento» entre Argentina e Irán en 2013, durante el segundo mandato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Este acuerdo, diseñado para avanzar en la causa, fue criticado tanto por la comunidad judía como por la oposición política, y finalmente fue declarado inconstitucional en 2014.
El fiscal especial Nisman agregó combustible al fuego cuando acusó a Fernández y a otros funcionarios de buscar encubrir a los autores iraníes a través del memorándum. Sin embargo, la muerte repentina de Nisman en 2015, horas antes de presentar sus pruebas ante el Congreso, sumió al país en una profunda crisis política y judicial.
Aunque la justicia argentina inicialmente desestimó la denuncia de Nisman, su muerte fue finalmente clasificada como homicidio años más tarde, alimentando aún más las sospechas de encubrimiento y corrupción en torno al caso AMIA.
A pesar de estos desafíos, algunos avances han sido realizados en la búsqueda de justicia. La incorporación de la figura del juicio en ausencia en el Código Penal argentino y la creación de un registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo son pasos importantes hacia la rendición de cuentas y la prevención de futuros ataques.
Sin embargo, mientras el caso AMIA continúe siendo un laberinto de impunidad y corrupción, la pregunta de si se hará justicia para las víctimas y sus familias seguirá sin respuesta. La reciente decisión de la Cámara de Casación es un paso adelante, pero aún queda un largo camino por recorrer en la búsqueda de verdad y justicia.
