Análisis y Perspectivas
En el cierre del mandato del Gobierno de Laurentino Cortizo en Panamá, se encuentra en discusión una serie de propuestas de reforma para varias zonas protegidas del país. Estas propuestas, contenidas en documentos extensos, se enfrentan a un desafío de tiempo limitado para la participación ciudadana en el proceso de revisión y comentarios.
El Ministerio de Ambiente (Miambiente) ha dado inicio a al menos siete consultas públicas relacionadas con la delimitación y los planes de manejo de áreas protegidas, en un contexto marcado por el proceso electoral que actualmente atraviesa el país, en vísperas de las elecciones programadas para el próximo 5 de mayo.
Entre las áreas sujetas a revisión se encuentra la Reserva Hidrológica Filo del Tallo, situada en la provincia del Darién, aproximadamente a 70 kilómetros del Parque Nacional del Darién. Una de las propuestas más destacadas es la modificación de los límites de esta reserva, un tema crucial que requiere la atención y aportes de los ciudadanos.
Otro punto de atención es la propuesta de modificación de los límites de la Zona de Protección Hidrológica Tapagara, ubicada en Panamá Este, en las cercanías del significativo Humedal de la Bahía de Panamá. Estas modificaciones, de ser implementadas, pueden tener un impacto significativo en el entorno ambiental y en las comunidades locales.
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El plazo para la recepción de propuestas y observaciones ciudadanas para estos dos casos se ha establecido hasta el 17 de mayo, siendo anunciado el proceso de consulta ciudadana el 16 de abril.
Asimismo, se ha puesto en marcha un proceso de consulta para recibir observaciones sobre el borrador de resolución ministerial que establece los límites de la Reserva Hidrológica Cerro Canajagua, en la provincia de Los Santos. Este proceso también cuenta con un plazo de un mes, comenzando desde su anuncio el día anterior.
Recientemente, el 15 de abril, se hizo público el borrador del plan de manejo del Parque Nacional Camino de Cruces. Entre los aspectos críticos destacados en este documento se mencionan proyectos cercanos que podrían comprometer la integridad del parque, así como problemas de contaminación en los cursos de agua debido a la ubicación de vertederos clandestinos y rellenos sanitarios. Este borrador consta de 232 páginas, lo que subraya la importancia de una revisión minuciosa y exhaustiva.
El día siguiente, el 17 de abril, se divulgó el bosquejo del decreto ejecutivo que propone modificaciones en los límites del área protegida del Parque Nacional Darién. Esta propuesta busca ampliar la superficie del parque de 579,000 hectáreas a 610,628 hectáreas, lo que plantea interrogantes sobre la naturaleza de estos cambios y sus implicaciones.
Es crucial señalar que el proceso de consulta y revisión se ve obstaculizado por la falta de detalle en la presentación de los mapas, ya que no se incluyen las coordenadas a través del formato Shapefile, lo que dificulta una comprensión precisa de los cambios propuestos, al estar los mapas almacenados en formatos PDF.
Joana Abrego, abogada del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), expresó su preocupación respecto a la efectividad de llevar a cabo múltiples consultas simultáneas, especialmente en un período electoral. Abrego señaló que esta práctica puede limitar la participación significativa de los ciudadanos y la calidad de los comentarios recibidos.
La convocatoria de estas consultas ciudadanas en un momento tan crucial para la vida política del país plantea una serie de interrogantes y desafíos. ¿Cómo garantizar la participación efectiva de los ciudadanos en estos procesos? ¿Cuál será el impacto de las decisiones tomadas en el futuro de las áreas protegidas y el medio ambiente en general? Estas son preguntas que merecen una reflexión profunda y un compromiso activo por parte de todas las partes involucradas.
El llamado de Miambiente a siete consultas ciudadanas sobre áreas protegidas durante un período electoral requiere una atención cuidadosa y una participación activa por parte de la sociedad civil. Solo a través de un proceso transparente y participativo se pueden garantizar decisiones informadas y sostenibles que protejan nuestro invaluable patrimonio natural para las generaciones futuras.
