Cómo ha Cambiado mi País Bajo el Asedio de las Bandas
El vuelo me llevó de regreso a mi país natal, Ecuador, pero el Ecuador que una vez conocí parece haberse transformado más allá de lo reconocible. Aterricé en Guayaquil, la ciudad más grande del país, equipada con un chaleco antibalas, un casco de protección y material de primeros auxilios. Una imagen que contrasta drásticamente con la idea que alguna vez tuve de mi tierra como una nación pacífica y segura en América Latina.
Hace años, mencionar que era ecuatoriana evocaba imágenes de las impresionantes Islas Galápagos o la majestuosidad de Quito. Pero ahora, las conversaciones giran en torno a la seguridad de mi familia, la violencia desenfrenada y el asedio de las bandas criminales.
El cambio radical en la seguridad de Ecuador está intrínsecamente ligado al auge del narcotráfico en la región andina y al crecimiento exponencial en la producción de cocaína. Ubicado entre dos gigantes productores de cocaína, Colombia y Perú, Ecuador ha sido arrastrado al torbellino de violencia y corrupción que caracteriza a esta industria ilegal.
La primera sacudida que nos estremeció fue el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio en marzo de 2018, a manos de un frente disidente de las FARC. Este evento marcó el comienzo de una espiral descendente de violencia y desorden que ha dejado una profunda cicatriz en la nación.
(Lee Ultimas: «Ser amable es chévere»).
El panorama se oscureció aún más con el motín carcelario coordinado en varias prisiones ecuatorianas en febrero de 2021, seguido por la muerte de más de 75 personas. Este motín fue solo el preludio de una ola de violencia que alcanzó su punto máximo en 2023, con un alarmante registro de alrededor de 8.000 muertes violentas en todo el país, lo que convirtió a Ecuador en el líder en tasas de homicidios en América Latina, según datos de la UNODC.
Mi retorno al país tenía como objetivo entender cómo estas bandas criminales, recientemente calificadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa, han transformado la vida cotidiana de millones de ecuatorianos. En un raro acceso, logré entrevistar a un miembro de una de estas bandas, quien compartió su experiencia bajo anonimato.
Paúl, como lo llamaremos, reveló cómo el aumento en la producción y el comercio de drogas ha transformado el panorama del crimen en Ecuador. Lo que alguna vez fue un modesto microtráfico en su barrio evolucionó rápidamente hacia el tráfico a gran escala de cocaína, en colaboración con carteles mexicanos y células disidentes de las FARC.
El Puerto de Guayaquil, el corazón económico del país, se ha convertido en un punto crucial en la cadena de suministro de drogas, con más del 90% de la droga traficada desde territorio ecuatoriano saliendo por sus instalaciones. Paúl describió cómo operaba en el puerto, colocando cocaína en contenedores bajo la supervisión de la mafia albanesa, destacando la creciente sofisticación de las operaciones de contrabando.
A medida que la violencia y la corrupción se infiltraban en cada rincón de la sociedad ecuatoriana, las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley se veían abrumadas y comprometidas. La corrupción se convirtió en una «metástasis», extendiéndose desde los puntos de control en el puerto hasta las propias cárceles del país.
Javier, un guardia penitenciario, compartió detalles impactantes sobre cómo las armas ingresaban a las cárceles, muchas veces con la complicidad de las propias autoridades. La corrupción, una vez un mal subyacente, se había infiltrado profundamente en los pilares de la sociedad ecuatoriana, erosionando la confianza en el sistema de justicia y socavando los esfuerzos para contener la violencia.
La inseguridad y la impunidad reinantes alcanzaron su punto máximo durante el caótico día del 9 de enero de 2023, cuando grupos criminales llevaron a cabo una serie de ataques coordinados en todo el país, incluyendo la toma de un canal de televisión en Guayaquil y el secuestro de guardias penitenciarios. La respuesta del gobierno, incluida la declaración de estado de emergencia y la intervención militar en las cárceles, ofreció un breve respiro, pero la amenaza persistió.
La muerte del fiscal César Suárez, asesinado a tiros solo unos días después de los eventos del 9 de enero, subrayó la vulnerabilidad de quienes luchaban contra la corrupción y la impunidad en Ecuador. Los fiscales, como Michell Luna, enfrentaban amenazas constantes y una carga de trabajo abrumadora, sin los recursos necesarios para hacer justicia.
El futuro político de Ecuador se ha visto eclipsado por la violencia y la inestabilidad. La consulta popular programada para abril de 2024 refleja la urgente necesidad de abordar los problemas de seguridad del país, incluida la participación militar en la lucha contra el crimen organizado y la posibilidad de extraditar a ciudadanos ecuatorianos por delitos graves.
Sin embargo, más allá de las políticas y las consultas electorales, es la vida cotidiana de los ecuatorianos la que está en juego. Personas como Gabriela Almeida se enfrentan a decisiones difíciles sobre su futuro en un país asediado por la violencia y la incertidumbre.
«Mi regreso a Ecuador ha sido un despertar doloroso a la cruda realidad de un país que alguna vez fue un refugio de paz y estabilidad en América Latina. Ahora, mientras escribo estas líneas, queda la esperanza de que, con determinación y unidad, Ecuador pueda superar estos desafíos y restaurar la seguridad y la tranquilidad que alguna vez fue su sello distintivo» expreso.
