Repudio Unánime al Intento de Reducir Penas para Agresores Sexuales en Panamá
La propuesta de reducir las penas para los agresores sexuales en Panamá ha desatado una feroz ola de críticas y rechazo rotundo en todo el país. El anteproyecto de Ley 192, presentado por el abogado Erik Barrios el pasado 25 de marzo bajo una iniciativa ciudadana, ha provocado un intenso debate sobre los derechos humanos y la protección de los menores.
En su exposición de motivos, Barrios hizo referencia a la cultura indígena, argumentando que esta podría justificar relaciones entre menores de edad y adultos, considerándolas normales. Sin embargo, esta propuesta, compuesta por apenas dos artículos, ha sido objeto de duros cuestionamientos por parte de juristas, legisladores y organizaciones dedicadas a la protección de la infancia, como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).
La Senniaf emitió un comunicado expresando su rechazo total al proyecto, considerándolo un retroceso en la normativa de derechos humanos al normalizar las uniones o matrimonios con personas menores de edad, lo cual constituye un grave abuso contra los niños, niñas y adolescentes. Además, señaló que la reducción de penas para los agresores sexuales atenta contra el derecho de las víctimas a recibir una justa penalización de acuerdo con la gravedad de los delitos cometidos en su contra.
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La diputada Corina Cano declaró enfáticamente que el anteproyecto no se encuentra en la agenda de la Asamblea Nacional y, de estarlo, sería rechazado en su totalidad. Por otro lado, Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, calificó la propuesta como «descabellada», argumentando que reducir las penas solo serviría para mantener a los agresores en las calles, poniendo en peligro la integridad social.
Fraguela resaltó la importancia de aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos y expresó su preocupación por el posible deterioro de los valores sociales. Lanzó la pregunta retórica de si el proponente de la reforma mantendría la misma postura si alguna persona cercana resultara víctima de un agresor sexual, insinuando que sanciones laxas podrían perpetuar la impunidad de los delincuentes.
Ante el rechazo generalizado, la Senniaf instó a los legisladores a no admitir este proyecto, enfatizando la necesidad urgente de proteger a los niños, niñas y adolescentes del país. Con opiniones polarizadas y una fuerte oposición, el futuro de la Ley 192 queda en suspenso mientras la sociedad panameña debate acaloradamente sobre la protección de los derechos fundamentales y la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual.
Este intento de modificar las leyes relacionadas con los delitos sexuales ha generado una amplia indignación en diversos sectores de la sociedad panameña. Organizaciones de derechos humanos, activistas, expertos legales y ciudadanos preocupados han expresado su rechazo de manera enérgica y unánime, argumentando que cualquier intento de reducir las penas para los agresores sexuales representa un grave retroceso en la protección de los derechos más fundamentales de la población, especialmente de los más vulnerables.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es la justificación basada en supuestas prácticas culturales indígenas que permitirían relaciones entre adultos y menores de edad. Esta argumentación ha sido duramente criticada por su falta de fundamento legal y ético, así como por su potencial para perpetuar la vulnerabilidad de los niños y niñas frente a abusos y explotación sexual.
La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en particular, ha jugado un papel destacado en la condena de esta propuesta, subrayando su incompatibilidad con los principios de protección de la infancia y los estándares internacionales de derechos humanos. En su comunicado oficial, la Senniaf ha advertido sobre los peligros de normalizar las relaciones con personas menores de edad, señalando que esto constituye una forma de abuso que debe ser firmemente rechazada y castigada por la ley.
Además, la reducción de las penas para los agresores sexuales podría tener consecuencias devastadoras para las víctimas, quienes ya enfrentan enormes barreras para acceder a la justicia y recibir el apoyo necesario para su recuperación. En lugar de enviar un mensaje claro de condena y rechazo hacia la violencia sexual, esta propuesta enviaría el mensaje equivocado de que los delitos de esta naturaleza no son considerados seriamente por la sociedad y el Estado.
El debate en torno a la Ley 192 también ha destacado la necesidad de fortalecer las políticas y programas de prevención del abuso sexual y la protección de los derechos de la infancia en Panamá. Si bien es fundamental contar con un marco legal sólido y efectivo para sancionar a los agresores, también es necesario abordar las causas subyacentes de la violencia sexual y promover una cultura de respeto, igualdad y dignidad para todas las personas.
En este sentido, la educación en materia de sexualidad y derechos humanos juega un papel fundamental en la prevención del abuso sexual y la promoción de relaciones saludables y respetuosas. Es crucial que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a información precisa y comprensible sobre sus derechos y cómo identificar y denunciar cualquier forma de abuso o explotación.
Asimismo, es fundamental que las autoridades fortalezcan los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas de abuso sexual, garantizando que reciban el apoyo y la protección necesarios para su recuperación física, emocional y psicológica. Esto incluye la capacitación de profesionales de la salud, la policía y el sistema de justicia en la atención sensible y efectiva a las víctimas de violencia sexual, así como el establecimiento de redes de apoyo y refugios seguros para quienes lo necesiten.
El rechazo total al intento de reducir las penas para los agresores sexuales en Panamá refleja el compromiso de la sociedad y las autoridades con la protección de los derechos humanos y la prevención de la violencia sexual. Es fundamental que
