De auxilios económicos
En un duro comunicado emitido el domingo pasado, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCICAP) arremetió contra lo que denominó un «manejo antojadizo» de fondos públicos millonarios entregados a familiares de altos funcionarios, políticos y empresarios como «auxilios» no reembolsables para financiar estudios superiores. Este señalamiento se produce en medio de una creciente polémica sobre la discrecionalidad en la distribución de estos recursos y la opacidad que rodea a los beneficiarios, muchos de los cuales permanecen bajo reserva por decisión de la Contraloría General del país.
La crítica principal de la CCICAP se centra no solo en la asignación de montos que pueden alcanzar hasta los 200.000 dólares, sino también en la falta de transparencia en la identificación de quienes reciben dichos beneficios. Entre los destinatarios, se mencionan familiares de altos cargos gubernamentales, incluyendo al presidente Laurentino Cortizo, lo cual ha generado un clima de desconfianza y malestar en la opinión pública.
«La forma en que se han utilizado estos mal llamados auxilios no nos permite permanecer pasivos ante esta situación», declaró la CCICAP en su comunicado. «Además de unirnos al clamor nacional exigiendo una investigación exhaustiva sobre la gestión antojadiza de estos fondos, estamos evaluando los fundamentos legales que nos permitan presentar una denuncia ante el Ministerio Público por este descarado acto de hurto».
La cúpula empresarial insiste en que tanto los responsables de idear como de ejecutar este esquema de distribución discrecional de fondos estatales deben enfrentar las consecuencias legales de sus acciones. Se hace hincapié en la necesidad de que aquellos que recibieron dinero público de manera indebida lo devuelvan o se enfrenten a las sanciones correspondientes, sin importar su posición social o política.
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«La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestro país, por lo que creemos firmemente en otorgar becas a estudiantes que demuestren méritos», añadió la CCICAP, que representa a aproximadamente 1.600 empresas de 15 sectores económicos en Panamá.
Por su parte, el capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) también ha cuestionado la actuación del contralor general del país, Gerardo Solís, a quien acusan de justificar la opacidad y discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. La defensa de Solís respecto a la reserva de la identidad de los beneficiarios ha sido particularmente criticada, considerándola como un obstáculo para la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de fondos estatales.
Solís, sin embargo, ha defendido su postura argumentando que revelar la identidad de los beneficiarios podría exponerlos a actos de discriminación o represalias, y ha rechazado las críticas afirmando que la distribución de estos auxilios se ha realizado de manera justa y equitativa.
En un intento por calmar las aguas, Solís anunció que llevará a cabo una auditoría de los auxilios económicos otorgados recientemente, aunque señaló que los casos que han generado controversia representan una minoría dentro del total de beneficiarios. Además, defendió la legitimidad de otorgar estos auxilios durante el período electoral, insistiendo en que la discriminación política no debe influir en la distribución de recursos para la educación.
«Es importante destacar que, de los más de 9.900 beneficiarios de auxilios económicos, solo un pequeño número ha sido objeto de escándalo», afirmó Solís. «Es injusto y discriminatorio señalar a estos individuos con motivaciones políticas, especialmente en un contexto electoral».
El debate sobre el manejo de los auxilios económicos en Panamá ha desatado una ola de indignación y llamados a la acción por parte de la sociedad civil y el sector empresarial. A medida que se intensifican las presiones para una mayor transparencia y rendición de cuentas, queda por ver si las autoridades responderán adecuadamente a estas demandas y tomarán medidas concretas para abordar las preocupaciones planteadas por la CCICAP y otras organizaciones. En un momento crucial para el país, la gestión transparente y responsable de los recursos públicos se presenta como un imperativo para garantizar la confianza en las instituciones y promover el desarrollo equitativo y sostenible de Panamá.
